Aprueban la propuesta del Foro de la Abogacía que lo califica de riesgo para la profesiónMadrid. Los abogados madrileños sienten su profesión amenazada por el proyecto de Estatuto de Cataluña. Y han querido dejar constancia expresa, "desde el respeto a las instituciones democráticas", de su rechazo a un proyecto de ley que, a su juicio, fracturará el mercado español de prestación de los servicios jurídicos. En una iniciativa insólita, los abogados aprovecharon ayer la celebración de la junta general ordinaria del Colegio para votar por abrumadora mayoría dos proposiciones contrarias a la regulación de la actividad profesional prevista en el Estatuto catalán. A propuesta del grupo independiente Foro de la Abogacía, el colegio asumió una declaración en la que se pone de manifiesto que el Estatuto afectará negativamente a los intereses de la profesión. Ésta es la primera vez que un Colegio profesional debate los efectos del Estatuto catalán.El resultado de la votación (164 votos afirmativos y sólo 26 en contra), deja pocas dudas sobre la posición de los abogados. En concreto, estos profesionales manifiestan su disconformidad con el artículo 125 del Estatuto, en cuanto atribuye al Gobierno de la Generalitat la competencia exclusiva "en la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas".La exclusividad de dichas competencias "alcanza incluso a la regulación de las garantías administrativas ante el intrusismo y las actuaciones irregulares", lo cual "además de su posible inconstitucionalidad, constituye un anacronismo", ya que Europa avanza hacia la libre circulación de profesionales, dice el texto.Los abogados madrileños recordaron que el título de licenciado en Derecho faculta a todos los abogados de España a ejercer la profesión en todo el territorio nacional y la Generalitat no puede establecer ninguna limitación o condicionante a este derecho.También están en contra del artículo 33 del proyecto, en el que se establece la exigencia del conocimiento del catalán por los jueces para ejercer en Cataluña. Contra este requisito se han manifestado ya varias asociaciones profesionales de la magistratura y el Consejo General del Poder Judicial. Rafael Iruzubieta, miembro de Foro de la Abogacía e impulsor de la votación, asegura que el Estatuto pone en riesgo el libre ejercicio de la profesión y el derecho de defensa, "ya que los justiciables podrían verse obligados a renunciar a su abogado habitual para acudir, obligatoriamente, a un abogado que domine el catalán".El malestar entre los abogados también ha forzado al presidente del Colegio, Luis Martí, a adoptar una posición sobre el Estatuto, que ha calificado de "hiriente marco proporcionador de discrepancias" en el editorial de la revista corporativa que ayer se distribuía entre los asistentes a la junta. "De ahí se puede esperar cualquier cosa que descabale el sistema, hasta ahora homogéneo", señala Martí, para quien el Estatuto acabará fracturando la profesión. "La semilla de la disgregación, de la desigualdad, de la diferencia ya está lanzada", opina Martí. "Cuando ésta germine, podremos encontrar las profesiones tituladas y su ejercicio colegiado, que son dos pilares de la sociedad civil española, cuarteadas cuando no fracturadas".