Los pide el Consejo de Coordinación Universitaria para mejorar la calidadMADRID. Aumentar la financiación de las universidades es un paso decisivo para incrementar su calidad y, en consecuencia, mejorar las nuevas generaciones de titulados que año tras año se despiden de las aulas y comienzan su vida laboral.Tanto es así que, recientemente, el Consejo de Coordinación Universitaria ha propuesto ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, lo que supone nada menos que pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. Los expertos que han realizado el informe afirman que 547 millones de euros (el 20 por ciento) se deberá obtener de forma privada, por medio de contratos de I+D entre las universidades y las empresas que quieran participar. El resto, un 80 por ciento, 2.186 millones, deberán ser asumidos por las Administraciones Públicas. Las comunidades autónomas asumirían 800 millones y el Gobierno central 1.386 millones, en ambos casos para más becas y el fomento de la investigación y el desarrollo.La atención personalizada al alumno, a través de la reducción del tamaño medio del grupo -más profesores, estructuras y equipamiento-; un aumento de medios -laboratorios, bibliotecas, oferta de idiomas, más personal de apoyo al aprendizaje, más gasto en equipamiento docente- y su mayor disponibilidad para el estudiante; el aumento de la duración de los grados respecto a los actuales estudios de primer ciclo y la disminución del abandono de los estudios que ocasiona que se deban impartir más créditos son las cuestiones que prevén que aumentarán el gasto.En relación con la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los autores calculan que no precisa una aportación de recursos para servicios educativos mayor al 1 por ciento del PIB, calculando la necesidad de una financiación adicional en torno al 0,1 y 0,12 por ciento del PIB en España. No obstante, especifican que no todos los sistemas regionales ni las universidades tienen "la flexibilidad estructural ni de regulación que exigiría una completa adaptación al cambio".El coste del proceso de convergencia europea se contempla en la partida que corresponde a las comunidades autónomas, con cuya aportación adicional se perseguirá también mejorar la financiación por alumno, la cobertura de los costes de transición del actual modelo a la nueva organización de las enseñanzas de Grado y Postgrado, "con atención especial a las universidades con rigideces de raíz histórica" y asegurar un nivel estándar mínimo de la calidad investigadora de las plantillas de profesorado y los gastos de I+D+i. En el informe se ha tenido en cuenta la situación universitaria de otros países y se ha puesto de manifiesto que se valora de forma muy positiva a la universidad y el gasto público en educación universitaria.