El nuevo Código de Comercio de la Generalitat contempla cambiar facturas, contratos y publicidadLas compañías aseguran que supone un sobrecoste difícil de asumir en momentos de crisis económicabarcelona. "Una mercería de Barcelona cambió toda su rotulación al catalán para cumplir la normativa y adaptarse a las exigencias de la ley en Cataluña. Luego añadió en el escaparate un cartel escrito a mano con la siguiente leyenda: Los hilos no se cambian. Semanas después la propietaria recibió una multa de 1.200 euros por incumplir la normativa". El presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, se pregunta hasta qué punto la política lingüística puesta en marcha por la Generalitat no raya el sinsentido. "Es aberrante la imposición del uso de una determinada lengua en las relaciones personales y comerciales", dice el presidente que asesora al empresario Manuel Nevot en su camino judicial por la multa que recibió al no rotular en catalán su inmobiliaria. Hasta ahora el idioma mercantil de Cataluña ha sido el castellano, pero el Código de Consumo y Comercio que actualmente tramita el Parlament puede cambiar las relaciones comerciales. El texto incluye que facturas, contratos, presupuestos y demás papeleo de las empresas, incluidos los folletos publicitarios, figuren, al menos, en catalán. Tanto el Tripartito como Convergència i Unió (CiU) están de acuerdo en la normativa, que irá acompañada de sanciones de entre 10.000 y 100.000 euros. Multitud de opiniones El Código en marcha ha levantado ampollas en el tejido empresarial catalán, que aguanta como puede la tormenta financiera y económica que cae desde hace más de un año. Pero también hay entidades que apoyan la futura normativa. "Esta ley es de mínimos, tendría que ser todo en catalán. No es tan raro tener que etiquetar en dos lenguas en el ámbito europeo, países como Suiza o Bélgica ya lo hacen", asegura Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, entidad independentista que alardea de haber denunciado a más de 3.000 comercios el año pasado ante la Generalitat por no rotular en catalán. Mientras entidades y partidos políticos arrastran el debate al terreno puramente político, los empresarios esperan expectantes cómo se resolverá la normativa que les puede obligar a redimensionar su actividad diaria en Cataluña. Josep Maria Lloreda es el presidente de KH Lloreda, una empresa gerundense que vende sus productos, como el KH 7, en toda España y parte del extranjero. "Lo ideal sería que cada consumidor pudiera comprar su producto KH en su propia lengua, pero al comercializar nuestros productos en toda España resulta imposible etiquetar en todas las realidades lingüísticas, ya que el espacio de la etiqueta es limitado y en productos químicos la normativa requiere mucha información". Al igual que Lloreda, la compañía de paquetería y mensajería urgente MRW tiene su sede en Cataluña, pero opera dentro y fuera de España. Su director general, Francisco Martín Villanueva, aclara: "Soy libre y respetuoso en este sentido. Quien libremente quiera hacerlo en catalán me parece bien y quien quiera hacerlo en castellano, también". Dicho esto, el empresario añade "el hecho de imponer algo en un momento como éste es un tema delicado si se tiene en cuenta el gasto que conlleva. La filosofía sancionadora no ayuda porque ahonda en las energías de las empresas". Gasto, ¿qué gasto? El tejido empresarial teme que la obligatoriedad de duplicar facturas, etiquetado, folletos, etcétera al catalán conlleve un incremento de los costes en el momento actual. Si bien nadie ha cifrado cuánto costaría hacerlo o qué implicaciones tendría para la pequeña y mediana empresa especialmente, tampoco hay acuerdo en este sentido. Espot argumenta que el incremento de gasto es una falacia. "No es ningún sobrecoste", asegura tajante el presidente de Catalunya Acció, que alega su experiencia profesional, ya que entre otras tareas trabaja para una compañía norteamericana en Cataluña, para sustentar esta tesis que mantiene buena parte del empresariado catalán. "El hecho de imponer algo en un momento como éste es un tema delicado si se tiene en cuenta el gasto que supone", opina Martín Villanueva. MRW suma más de 1.200 puntos de venta en todo el mundo y desde hace años algunos de sus materiales, como los sobres de envío, también están disponibles en catalán para el territorio de Cataluña. "No puedo cifrarlo exactamente, pero las franquicias catalanas son más caras en costes porque tienen todo el estocaje en castellano y en catalán. Es un servicio que damos al cliente y lo hacemos voluntariamente", dice. Ni el Gobierno catalán ni los empresarios se han manifestado sobre la posibilidad de pedir ayuda para amplicar esta normativa lingüística en sus comercios o empresas. "La Generalitat no tiene que ayudar en nada. Nos estamos acostumbrando al Papá Estado", dice Espot. Las asociaciones de empresarios no se pronuncian sobre este extremo. La Agencia Catalana del Consumo recibió 2.364 chivatazos en 2008 sobre comercios que incumplían la política lingüística marcada por el Tripartito. Francisco Caja, de Convivencia Cívica Catalana, asegura que en el ámbito oficial rige el bilingüismo, pero que es la propia administración la que lo "incumple" al facilitar sus documentos únicamente en catalán. "Quieren erradicar el castellano de la vida pública", afirma. El director de la Agencia Catalana de Consumo, Jordi Anguera, aseguró en una entrevista a elEconomista que esta entidad "también protege el castellano" y señaló que el Estatuto ya habla de "disponibilidad lingüística que significa que la empresa tiene que adaptarse al cliente y si éste quiere la factura en catalán tiene el derecho a que se la den". Cataluña oficial y real "El Código que prepara la Generalitat supone un quebranto de la economía al tratar de crear una Cataluña real y una Cataluña oficial. Cada comerciante conoce su clientela, sabe en lo que hablan y en lo que se entienden", defiende Caja, una posición que mantienen la mayoría de los comercios que cuentan con establecimientos de atención directa al público y a pie de calle. "Cuando el cliente llega, y resulta que viene a tomar el café todas las mañanas, tú ya sabes en qué lengua iniciar una conversación con él. En el fondo, en qué lengua esté el ticket de caja le da igual, todos pagan en euros", bromea Juan, propietario del bar Avenida, ubicada en la calle Balmes de Barcelona. Pero cuando la normativa desciende al terreno diario de las compañías, el empresariado observa en la distancia cómo los cambios que introducirá el nuevo Código de Comercio y Consumo pasan por encima de sus inquietudes actuales y aumentan la separación entre las actuales necesidades empresariales y las intenciones políticas. El director general de MRW añade que la decisión que tramita la Generalitat evidencia un distanciamiento entre el mundo de la empresa y el de la política. "En este caso no hemos encontrado convergencia de intereses".