Fumar será causa de despido, pero no se prohíbe el pitillo en bares y restaurantesparís. El país de los Gauloises recupera a partir de mañana su retraso en la lucha contra el tabaquismo, con la entrada en vigor de un decreto que prohíbe fumar en todos los lugares cerrados y cubiertos que acojan al público o constituyan centros de trabajo.Los 15 millones de fumadores que existen en Francia tendrán que despedirse del pitillo en empresas, administraciones, centros de enseñanza y transportes. Pero en pleno periodo electoral, el Gobierno ha preferido acordar una moratoria hasta el 1 de enero de 2008 a los bares, discotecas y restaurantes.También gozan de una derogación los lugares considerados "sustitutos de domicilio" como las celdas de las prisiones y las habitaciones de los hospitales, hoteles y residencias de ancianos, donde sus inquilinos podrán fumar siempre que estén solos o les autoricen sus compañeros de cuarto.Para bajar los humos a los ciudadanos, otro decreto ha habilitado a 175.000 agentes (inspectores de trabajo, sanidad, acción social, pero también policías y gendarmes) que controlarán el cumplimiento de la prohibición con capacidad sancionadora. Las multas por fumar en los espacios prohibidos ascenderán a 68 euros para el fumador infractor y a 135 para el responsable del establecimiento, aunque en caso de reincidencia podrán alcanzar los 750 euros.Policías anti tabaco Como los inspectores se han mostrado muy reticencentes ante su nuevo papel de policías anti tabaco, el Ejecutivo les ha instado a poner más énfasis en la prevención que en la sanción. Sin embargo, fumar en el centro de trabajo podrá constituir una falta grave que justifique el despido.Aunque no prohíbe la creación de salas de fumadores en las empresas, el decreto las desalienta imponiendo medidas muy restrictivas sobre su tamaño y sistema de ventilación. Lo que no precisa el texto es si los trabajadores podrán disfrutar de pausas para salir a fumar, algo que queda al arbitrio de los jefes y, según se teme, podría generar no pocos conflictos. Para ayudar a los fumadores a dejar de serlo, el Estado se propone dedicar 40 millones de euros al desarrollo de las consultas médicas de tabacología y otros 60 millones al reembolso de tratamientos de sustitución nicotínicos, a razón de 50 euros por paciente y año.