Algunas corporaciones locales y comunidades autónomas ya se suministran de estos productos La coordinadora estatal de ONG negocia que este concepto se incluya en la Ley de Contratos Públicosmadrid. Las máquinas de vending de la Diputación de Barcelona sirven café de comercio justo, algo que también sucede en la Universidad de Barcelona. El Ayuntamiento de Bilbao reparte cestas de Navidad con un mínimo de dos productos de este tipo. Y el de la Ciudad condal obliga a las empresas que concurren a la contrata de suministro de ropa para sus empleados en parques y jardines a que presenten tejidos fabricados respetando derechos laborales básicos. El consistorio de Madrid hizo lo propio al respecto de sus camisetas promocionales para la candidatura olímpica de 2012.Son sólo algunos ejemplos de lo que ya están haciendo muchas administraciones públicas por introducir el comercio justo en sus contratos de compra y suministro. Pero desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) quieren ir más allá. Y aprovechando la actual tramitación en el Congreso de la Ley de Contratos en el Sector Público, han empezado a negociar con los grupos parlamentarios una serie de enmiendas para que se reconozca este concepto en las compras públicas. Lo cierto es que la redacción del proyecto de ley incluye por primera vez en su preámbulo una mención al comercio justo. En concreto, como "condición especial de ejecución del contrato o criterio para valorar las ofertas". La CECJ, que representa al 95 por ciento de las organizaciones que operan en este sector, defiende que el término no forme parte de "una mera declaración de intenciones" sino que se traslade al articulado para su obligado cumplimiento y "prime en determinados contratos públicos", explica su directora, María Herranz. En concreto, proponen en las propuestas de enmienda que "se introduzca como condición en los contratos el cumplimiento de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar los derechos laborales básicos cuando exista deslocalización en la cadena de producción". Es un hecho que cada vez un mayor número de productos son elaborados en países en vías de desarrollo, sin que pueda garantizarse por parte del suministrador trazabilidad del producto y cumplimiento de condiciones laborales dignas, explican desde la CECJ, y por tanto "no puede ser -razona Herranz- que una Administración Pública compre un artículo producido por un niño de seis años en Vietnam".Otra de sus peticiones va en la dirección de que se clarifique el concepto de comercio justo, "porque muchos se apuntan tantos en este sentido sin cumplir exactamente con los criterios de este tipo de intercambios", dice Herranz. Y para ello, la propuesta de enmienda remite a la resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo de julio del año pasado, que establece once puntos en base a los cuales se puede considerar que un producto es de comercio justo. Los más importantes: que se pague un precio justo al productor, garantizándole ingresos que le permitan cubrir los costes de producción y obtener otros de subsistencia; que parte del pago se haga por adelantado; que se le garantice una relación estable en el tiempo y unas condiciones de trabajo dignas.¿Competencia desleal?Sin embargo, y aquí surge la polémica, esta misma resolución sostiene "la posibilidad de rebajar el IVA para los productos de comercio justo así como suprimir los aranceles sobre productos de esta naturaleza provenientes de los países en desarrollo". ¿Comercio justo o competencia desleal? Se entiende, considera Mónica Aparicio, de la coordinadora Setem, que con este tipo de medidas de apoyo se intenta proteger a la parte de la cadena comercial más débil para que opere en condiciones de paridad con el resto. El comercio justo "sí es competitivo", dice, pero sólo cuando a la variable calidad-precio se añaden consideraciones como ética o equidad.Es la pescadilla que se muerde la cola, explica Aparicio, "se dará mejor precio cuanto mayor sea el volumen contratado" y hasta que el comercio justo no se generalice seguirá siendo hasta tres o cuatro veces más caro que el tradicional, como reconocen las propias organizaciones. Aclarar estos conceptos es otra de las tareas que tiene ante sí el conocido como tercer sector. Laura Rodríguez, de la organización Ideas, reconoce que muchas instituciones a las que acuden "se asustan cuando hablamos de comercio justo". Y es que todavía el movimiento del comercio justo es muy incipiente en nuestro país, que lo ha incorporado con 20 años de retraso con respecto a otros países europeos. ¿Asignaturas pendientes? Sobre todo una: lograr un consenso en torno a las certificaciones. Existe el sello Fair Trade que otorga la organización internacional Fairtrade Labelling Organizations (FLO) para productos de alimentación, pero no todos creen en su eficacia. "Nestlé ha puesto ese sello en uno de sus productos de cacao y muchos se preguntan qué pasa con el resto", explica María Herranz.Por esto, añade, es importante que se den pasos legales que sumen voluntades y, sobre todo, establezcan marcos comunes de actuación entre todos los agentes involucrados.