No hay café para todos

El Gobierno abre, por fin, la caja de Pandora de la financiación autonómica. Las últimas estadísticas oficiales muestran que Madrid es la autonomía que más dinero aporta en relación al que recibe del Estado, más de 11.000 millones, seguida de Cataluña, con poco más de 7.000 millones.

En el lado opuesto, Andalucía encabeza la clasificación de los más beneficiados en relación a su contribución, con una diferencia de 8.500 millones. Las cifras confirman la impresión de muchos catalanes de que financian los servicios que disfrutan los andaluces.

Los datos también muestran que el arco mediterráneo es el que más aporta al Estado. Hay casos sangrantes, como los de la Comunidad Valenciana y Murcia, dos territorios muy castigados por la burbuja inmobiliaria, que son contribuyentes netos al Estado. Los casos vascos y navarros son excepcionales, porque gozan de un sistema fiscal específico que les favorece, pese a ser autonomías ricas.

Una parte del dinero de madrileños, catalanes o valencianos se despilfarra en las regiones menos desarrolladas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, incrementó en 30.000 el número de funcionarios antes de las elecciones autonómicas que le dieron la victoria, aunque por los pelos. El expresidente extremeño, José Antonio Monago, promovió gracias a este excedente fiscal una bajada de impuestos para los jubilados en lugar de para los emprendedores o los empresarios, porque es el colectivo más numeroso.

En los últimos años, asistimos al lamentable espectáculo de cómo diferentes gobiernos autonómicos dilapidaban el erario público en obras faraónicas, de escasa a nula utilidad. El Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), llamado a ser el faro cultural de la cornisa cantábrica, es hoy un solar desértico, en el que el espacio reservado a dos bares es superior al de la exposición de medio pelo. Peor suerte corrieron la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, cuyas obras están suspendidas. Es muy largo desgranar la lista del derroche.

Urge una reforma, pero no incrementando en 7.000 millones los fondos del Estado como anunció Mariano Rajoy, sino reordenando su reparto sin elevar la cuantía, al menos de forma significativa. Una vez garantizadas las pensiones gracias a las caja única de la Seguridad Social y cubiertos servicios universales como los de Sanidad y Educación, las autonomías deben acomodar su ritmo de gastos al de ingresos. Una cosa es un fondo de solidaridad para cubrir servicios básicos y otra es crear excedentes, que son el origen de la corrupción y el despilfarro. Se critica, y con razón, el desgobierno de catalanes o valencianos, pero nos olvidamos de los derroches de andaluces, extremeños o castellano-manchegos, entre otros.

El sistema de reparto está sustentado en un principio de solidaridad interregional introducido en la Transición, por el que las autonomías ricas deben contribuir a financiar a las más pobres con el objeto de erradicar las desigualdades de renta. Pero después de más de treinta años de experimento, las rentas per cápita son muy dispares. Madrileños, catalanes o baleares siguen teniendo un poder adquisitivo muy superior al de andaluces, extremeños o los habitantes de ambas castillas. La conclusión es que el esfuerzo fue completamente inútil y urge reformar por completo el sistema para acabar con el café para todos, instaurado por José María Aznar con el apoyo de Jordi Pujol, en el Pacto del Majestic alcanzado en 1997. En aquel momento se pactó bajo cuerda una inversión en Cataluña, que desapareció con el Gobierno Aznar, y es el origen del descontento catalán.

Montoro también debería poner coto a las filtraciones y actuaciones arbitrarias de la Agencia Tributaria. Esta semana se conoció una inspección al ministro José Manuel García Margallo y al comisario Miguel Arias Cañete, después de que meses atrás el propio ministro de Hacienda atacara a dirigentes de Podemos, como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias. Montoro presume de que investiga a los miembros de su partido o de su Gobierno. Hacienda debe preservar el secreto de sus inspecciones por encima de colores políticos.

La filtración de Margallo y Cañete parece dirigida a tapar el caso Rato. El exvicepresidente se negó a declarar esta semana ante el juez hasta conocer el informe de la Oficina Antifraude, ONIF, origen de su detención. Unos meses después, el juez desiste de la acusación de los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes y Anticorrupción también se desdice de este último. Hasta la jefa de inspección de la ONIF rehuye la autoría del informe. ¿Con qué base jurídica se ordenó detener a Rato delante de las cámaras de televisión? Seguramente que la hay, pero es necesario que se haga pública, porque de lo contrario la sensación de inseguridad jurídica de los ciudadanos será creciente. Hacienda recurrió a la pena del Telediario, ahora debe aportar más pruebas.