España o la consecuencia de carecer de códigos éticos en política
La Comisión Europea recomendó ayer a España vigilar más de cerca la financiación de los partidos políticos, así como el gasto y la contratación pública, en especial a nivel regional y local. En su informe anual sobre la corrupción en la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario hace un repaso de los avances que se han hecho en esta materia, pero también pone de relieve la insuficiencia de controles en determinadas áreas.
Una de las razones por las que nuestro país destaca en corrupción es la ausencia de códigos éticos en determinados campos, como en la elección de cargos a nivel central, regional o local ni se prevén sanciones -aparte de las de carácter penal- por las infracciones a la integridad que propicien unas elevadas normas de integridad. La existencia de tales códigos mejorarían las normas y responsabilidad y garantizarían una gama más amplia de sanciones de carácter no penal.
En materia de contratación pública, Bruselas aboga por realizar una evaluación independiente de los grandes contratos y de las decisiones de planificación urbana concluidos recientemente a escala regional y local, con el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción.
Además, propone aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y de organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos.
Destaca la ausencia de normas específicas que protejan a los denunciantes. "Las disposiciones generales de la legislación laboral en materia de despido improcedente y trato discriminatorio de los trabajadores son también aplicables a los denunciantes. La evaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hacía hincapié en la necesidad de un marco reglamentario centrado en la protección de quienes denuncien irregularidades", recalca.
Otro elemento que la Comisión echa en falta es respecto a los lobbies y grupos de presión, cuya actividad no está regulada en España . "Los recientes casos de corrupción indican la influencia potencial, en la toma de decisiones a nivel local y regional, de grupos de interés relacionados con los sectores del urbanismo y la construcción", advierte.
Líderes con Grecia e Italia
El informe, que se acompaña de dos Eurobarómetros que revelan que España es uno de los países europeos donde la corrupción más se siente en la calle y las empresas, hace la radiografía de una lacra que cada año cuesta a los Estados miembros unos 120.000 millones de euros, según estimaciones de la Oficina antifraude.
Según los datos, Grecia, Italia , Lituania, República Checa y España son los países en donde sus ciudadanos tienen más sensación de corrupción, con niveles por encima del 95 por ciento, frente a los países nórdicos, donde más de la mitad de los encuestados ven este fenómeno como algo excepcional.
Bárcenas, Gürtel y ERE
Según la Comisión, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en práctica "un ambicioso programa de reforma legislativa" que abarca la financiación de los partidos políticos, ciertos aspectos de Derecho penal, la responsabilidad de los altos cargos y el aumento de la eficiencia de los procedimientos judiciales. "Si bien es todavía pronto para evaluar estas iniciativas, representan un paso en la dirección adecuada", pero deben complementarse con "un planteamiento coherente basado en el riesgo que vaya más allá de medidas puramente legislativas para abordar la corrupción de forma global".
En este sentido, Bruselas hace alusión a las "investigaciones a gran escala" en curso, tales como el caso Bárcenas, el Gürtel o el escándalo de los EREs en Andalucía.
En especial, el informe llama la atención sobre la financiación de los partidos políticos, respecto a lo cual recalca que aunque las últimas reformas han tipificado la condonación de deuda por parte de la banca como donación, no existen límites en las donaciones recibidas. "Debe prestarse atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado", plantea.
"La reforma legislativa de 2012 constituye, por tanto, un paso en la buena dirección. No se dispone aún de datos, no obstante, sobre su impacto práctico en el nivel de endeudamiento de los partidos políticos con respecto a las entidades de crédito ni sobre la aplicación de las normas sobre las incompatibilidades y los nombramientos basados en el mérito en los consejos de administración de las cajas de ahorros", añade.