El supervisor obligará a publicar las comisiones por vender fondos, pese a las quejas españolas

Un documento que publicará la semana que viene, posiblemente el martes, el Comité Europeo de Supervisores (CESR) insistirá en la obligación de informar a los inversores de los incentivos acordados entre las gestoras y los distribuidores para comercializar fondos, uno de los puntos que menos gustaba a las firmas españolas.

Apenas se suavizará el texto

Así lo adelantó ayer Antonio Carrascosa, director general de la CNMV y presidente del grupo de expertos sobre los incentivos a terceros del CESR: "La postura del documento inicial apenas se va a suavizar. La reacción de las gestoras españolas ha llegado demasiado tarde", asegura.

El CESR publicó en diciembre un documento preliminar para establecer las normas de comportamiento en el cobro o pago de este tipo de comisiones, con el que desarrolla los artículos al respecto de la directiva europea de servicios financieros (Mifid). En concreto, en el 21 se destaca que las entidades deben controlar los potenciales conflictos de interés que pueden surgir cuando "una firma recibe (...) de una persona distinta al cliente un incentivo en relación a un servicio ofrecido al cliente, al margen de las comisiones estándares".

El artículo 26 además dice que, cuando esto ocurre, habrán de satisfacerse dos condiciones. Primero, "revelar al cliente la existencia, naturaleza y cantidad de la comisión o beneficio, y si no fuera posible, el método de calcularla" antes de que se ejecute; segundo, que estos pagos adicionales "deben estar dirigidos a mejorar la calidad del servicio al cliente y no entorpecer la responsabilidad de la firma de defender los intereses óptimos del inversor".

Dos excepciones

Hay dos excepciones: cuando el incentivo lo paga directamente el cliente o una persona en su representación o cuando va encaminado a mejorar los servicios del fondo, "como los costes de custodia, depositaría, comisión de las bolsas en que opera, las cargas regulatorias o los costes legales".

Según explicó ayer Carrascosa, la redacción de este punto "es muy clara", por lo que la filosofía que engloba el texto inicial se mantendrá.

Pero la opinión de las firmas españolas es la opuesta. Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco, asegura que este planteamiento está realizado "siguiendo las costumbres del mercado anglosajón", asegura. Esta asociación, presidida por Mariano Rabadán, se quejó al CESR de que el documento inicial del supervisor europeo colocaba "bajo una presunción de culpabilidad a cualquier pago recibido por una firma de inversión de un tercero".

"Poner en peligro la competencia"

El grupo Santander, líder en el negocio de fondos en España, también se quejó amargamente en el comentario a la propuesta del regulador. La entidad avisaba al CESR de que si su "aproximación no se redefine tomando en cuenta el mercado, regulado según Ucits, podría poner en peligro la competencia en la venta de fondos".

Es decir, si se restringen los acuerdos de comercialización entre gestoras y distribuidoras, las firmas de inversión podrían optar por ofrecer sólo sus fondos a los clientes y no los de otras gestoras -lo que se conoce como arquitectura abierta-.

Donde sí dará marcha atrás el CESR, según Carrascosa, será en el criterio de "proporcionalidad", con el que se pretendía poner un tope a los incentivos por la venta de fondos. Este punto provocó las quejas no sólo de las gestoras españolas, sino de todo el sector, por la dificultad de definir este concepto sin dañar la libertad de mercado.

En el último año se han dado dos casos polémicos en torno a las comisiones a terceros en España: primero fue Allianz y más recientemente Gesbankinter.

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