La reforma penal no despenaliza las faltas, las "repenaliza", según Ferrer

La reforma del Código Penal -que entrará en vigor en julio- lejos de despenalizar las faltas "las repenaliza" porque la mayor parte pasan a configurarse como delito. Así lo declaró ayer Ana Ferrer García, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, durante su intervención en la Jornada celebrada por CMS Albiñana Suárez de Lezo, celebrada con motivo de la inauguración de la nueva sede del despacho.

No obstante, la magistrada reconoció que "la delincuencia ha adquirido unas dimensiones económicas que hacía necesario extender las posibilidades de punición a las empresas pero no era imprescindible hacerlo por vía penal, si no que se podía haber hecho por vía civil o administrativa, e incluso a través de consecuencias accesorias".

Lamentó, por otro lado, que el Derecho Penal debería consolidarse como "categoría dogmática", pero "no es fácil cuando la norma penal está sometida a continuos cambios". Y recordó que nuestro Código, con tan solo 19 años, ha sufrido ya casi 30 reformas, lo que impide que "se pueda consolidar convirtiéndose en una fuente de problemas para quienes lo aplicamos y fuente de desconfianza para los ciudadanos".

Así, apostilló que, si bien "legislar es gratis" -para lo que recordó la memoria económica que acompaña la reforma- "hay que mirar otros costes como los de los procesos". Y es que, la entrada en vigor de la Ley "va a traer de la mano una revisión de expedientes penales".

Herramientas de lucha contra la corrupción

Durante su intervención, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo alusión a la crítica de la magistrada en tanto que el Código Penal ha acarreado múltiples reformas, si bien justificó la oportunidad de la reforma en que "el cambio social hace necesario dotar al sistema de las herramientas necesarias teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la multiplicación de los delitos asociados con la corrupción". Lamentó que "estamos asistiendo a la ruptura de las reglas por parte de muchos cargos públicos y también por eso era necesario incrementar las penas".

Además, aprovechó su intervención para defender la polémica introducción de la cadena perpetua revisable en tanto que "es necesario comprobar la rehabilitación del condenado, y no darlo por hecho por el mero transcurso del tiempo".

Por último, en relación a la modificación que el nuevo Código hace de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, defendió el ministro que se trata de llevar a cabo "una búsqueda de una mejor regulación del compromiso con la transparencia y la adecuación de los tipos a la realidad social y económica de nuestro país".