Los magistrados llevan a Bruselas la reforma del Poder Judicial
Los presidentes de las audiencias provinciales de España, reunidos desde el lunes y hasta ayer en Santander, han acordado solicitar a instancias europeas -Comisión y Parlamento- que valoren si la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se está tramitando en las Cortes lesiona la independencia judicial que recoge el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
En sus conclusiones tras las jornadas de debate, los magistrados manifestaron su "honda preocupación" ante las posibles consecuencias de la reforma, que afectará a la estructura, organización y funciones del CGPJ, y que "puede suponer de grave afectación de los mecanismos institucionales de garantía eficaz de la independencia judicial".
En concreto, la propuesta legislativa "limita de forma injustificada la potestad normativa reglamentaria del CGPJ en materias directamente relacionadas con el estatuto judicial", además de reducir el espacio de competencia exclusiva del órgano de gobierno del Poder Judicial en aspectos tales como el acceso a la carrera judicial, medición de carga de trabajo, organización de aspectos accesorios del funcionamiento de los tribunales y del régimen funcional de los jueces con riesgo de transferencia competencial al Poder Ejecutivo.
Elección por las Cámaras
La reforma también reduce "hasta límites irrisorios" las condiciones de representatividad de los jueces y magistrados que puedan ser elegidos por las Cámaras, y prescinde de "todo diseño legal sobre cómo y bajo qué criterios serán elegidos los vocales de procedencia judicial".
Se reduce, además, "de manera significativa", la capacidad funcional del CGPJ, "limitando la dedicación exclusiva de la mayoría de los vocales sin prever, al tiempo, causas precisas de abstención de aquéllos que deban mantener su actividad profesional".
La posible pérdida de autonomía presupuestaria y la modificación a la baja de las mayorías necesarias para el nombramiento de altos cargos judiciales -"favoreciendo, por tanto, la proyección en el Gobierno Judicial de la mayoría política de las Cámaras"-, son otros de los puntos más criticados.
En cuanto a la Ley de Demarcación y Planta, el texto legal "integra indebidamente en los tribunales de instancia las audiencias provinciales y los actuales juzgados, lo que es un error". Además, considera que debería admitirse la posibilidad de que existan distintos tribunales de instancia dentro de la misma provincia -por ejemplo, Asturias (Gijón) o Pontevedra (Vigo)- en los casos de núcleos poblacionales de relevancia.
Los magistrados también arremetieron contra el nuevo régimen de sustituciones, que "afectará a la calidad de las resoluciones".