La Comunidad de Madrid acumula un déficit presupuestario de un 61%
La Comunidad de Madrid arrastra un déficit presupuestario del 61 por ciento desde el año 2003 que contrasta con el incremento producido en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos que pasaron de 75.486 en el año 2003 a 134.496 en el año 2010.
El crecimiento de la justicia gratuita en Madrid en los últimos 5 años ha sido del 44 por ciento, siendo la segunda comunidad con menos crecimiento después del País Vasco. Ha crecido 11 por ciento menos que la media nacional, a pesar de que su cifra de litigiosidad ha aumentado en el mismo período.
El número total de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid ha crecido un 29,22 por ciento desde 1.133.715 asuntos en 2004 hasta 1.465.038 en 2009.
El marcado incremento de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, es consecuencia de la evolución legislativa que ha introducido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en nuevas situaciones y procedimientos no regulados previamente. La evolución del número de designaciones realizadas refleja el impacto de la entrada en vigor de diferentes hitos legislativos.
Las modificaciones legislativas relativas al enjuiciamiento rápido de determinados delitos que entró en vigor en el año 2003, las reformas en materia de seguridad vial en vigor desde 2008 y la protección integral de las víctimas de la violencia de género con efectos desde el año 2005 supone más de las dos terceras partes del total de 74.374 designaciones realizadas en el ordenamiento penal
Otro dato que ha impactado significativamente sobre la evolución del número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita ha sido el incremento del censo de población de Madrid en un 14,28 por ciento, pasando de 5.573.313 habitantes en 2003 a 6.369167 en 2010.
Durante el año 2010, y tras diez años de constante ascenso, se ha producido una disminución del número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas por los ciudadanos que desean ejercitar su derecho de acceso a la justicia y que carecen de suficientes recursos económicos, cifra que sitúa los servicios prestados en niveles similares a los del año 2008.