Encuentro en el Colegio de Abogados de Madrid sobre responsabilidad social
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Colegio de Abogados de Madrid (CRSA), organizó ayer un acto al que asistieron numerosos abogados interesados por las iniciativas planteadas desde el Centro.
El acto fue presentado por el Decano, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, quien destacó el papel esencial que desarrollan los abogados en la sociedad garantizando el acceso a la justicia y la conexión de la profesión con este valor constitucional.
El modo de hacerlo es actuar en bien de la sociedad sin dejar de ser abogados. Ejemplos de actividades que encajan en el concepto de RSA sería el trabajo pro bono, la acción social, la orientación jurídica, el buen gobierno corporativo, la formación, la promoción de la diversidad, la conciliación, la lucha contra la discriminación o las iniciativas solidarias o medioambientales.
El acto contó además con las intervenciones de Marisa Méndez, Profesora del IE Law School; Cristina Manzanedo, abogada de la ONG Pueblos Unidos; Javier Ruíz Paredes, abogado y patrono de la Fundación Profesor Uría y Andrés V. Gil, miembro del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, de su Vance Center for International Justice, y socio de Davis Polk.
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía (CRSA), creado en el año 2008, tiene como objetivo atender a la responsabilidad social del Colegio y de los abogados. En cumplimento de su objetivo, el CRSA tiene como misión el fomentar la acción social y el voluntariado social con el fin de promover la mejora de los derechos y el acceso a la justicia y a la asistencia legal en aquellas comunidades más necesitadas, todo ello con pleno respeto a aquellas otras funciones de interés general que el Colegio tiene legal y estatutariamente encomendadas.
El CRSA promueve la actividad de trabajo pro bono de los colegiados a través de la puesta en contacto del abogado con el beneficiario de este trabajo así como diversos programas de acción social. Para ello, mantiene, por una parte, un registro de aquellos abogados interesados en participar en este programa y, por otra, acuerdos con diversas entidades sociales sin ánimo de lucro que persiguen fines de interés social y que requieren de la prestación de estos servicios pro bono.