Según el Supremo el Gobierno deberá responder por los retrasos del TC
El Gobierno deberá responder por los daños ocasionados a particulares sufridos como consecuencia de los retrasos en los que incurra el Tribunal Constitucional al resolver los recursos de amparo si las dilaciones pueden calificarse como indebidas, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
En concreto, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo concluye que es el Consejo de Ministros, "como órgano que encarna el mayor nivel el Poder Ejecutivo" el que debe hacerse cargo de esta responsabilidad, que aunque no es resultado de "una actividad de la Administración", previene de "un acto legislativo no atribuible a ningún departamento ministerial".
El alto tribunal se pronuncia así en relación a un recurso interpuesto por un abogado contra un acuerdo del Ministerio de Justicia del 17 de octubre de 2006, por el que se desentendía de una reclamación del recurrente por un retraso del Tribunal Constitucional en resolver un incidente de recusación.