Lo inoportuno de derogar en caliente tras el asesinato de Gabriel

El padre de Diana Quer, la joven madrileña asesinada en Galicia durante las fiestas patronales del pueblo donde pasaba los veranos con su familia, esperaba encontrarse ayer con Pablo Iglesias para trasladarle el apoyo de casi tres millones de ciudadanos a su cruzada legal. Con sus firmas, ese número no desdeñable de españoles han secundado la iniciativa para evitar que la máxima pena privativa de libertad que contempla nuestro ordenamiento jurídico sea anulada en el Congreso. Le dijeron al llegar al palacio del Congreso que Iglesias no podría recibirle, pero a cambio tendría la oportunidad de conversar unos minutos con cuatro mujeres parlamentarias que dirigen el grupo político Unidos Podemos. No es fácil que alguien pueda entrevistarse cara a cara con diputados o diputadas con responsabilidades, así que Juan Carlos puso en valor el gesto de las representantes de la ciudadanía y se adentró en los pasillos de la Cámara.

Lo peor de todo para Juan Carlos no fue la negativa a atender su demanda. Era sabedor de que este grupo parlamentario no va a apoyar un endurecimiento de la ley y daba por descontada su postura inmóvil. Lo peor, acaso, fue la cara descolocada, desencajada que se le quedó al escuchar los conceptos que las cuatro diputadas utilizaron para contestar a su pregunta de cómo evitar casos criminales como el de su hija o el del pequeño Gabriel, cuyo pequeño cuerpo acababa de llegar a esa misma hora a la Diputación de Almería donde quedaba instalada su capilla ardiente. Irene Montero (portavoz del grupo político), Ione Belarra (portavoz adjunta), Gloria Elizo (vicepresidenta del Congreso) y Sofia Castañón (portavoz de Igualdad) le dijeron que la solución es la educación y la prevención. El encuentro terminó con la misma cordialidad que ausencia de resultados en el empeño del padre de Diana.

El próximo jueves se debatirá y votará en el mismo parlamento la propuesta del PNV para iniciar el proceso de derogación de la prisión permanente revisable, una figura legal aprobada en 2015 y rechazada desde su gestación por toda la oposición en bloque, la de entonces en minoría y la de ahora en mayoría. Si no hay un cambio en su posición anunciada, Podemos, los grupos nacionalistas y el PSOE apoyarán el borrado inmediato de nuestra legislación de una condena que pretende evitar la práctica habitual que se produce con las penas por gravísimos crímenes con ensañamiento cometidos contra víctimas vulnerables como menores de edad: esa práctica habitual por la que los condenados rara vez cumplen su condena real y ven reducida la estancia en prisión por decenas de circunstancias atenuantes, de forma insultante para los familiares y amigos de sus víctimas.

Cuando se ha planteado hacer más duras las penas por este tipo de delitos, el argumento del calor por la alarma social siempre ha sido esgrimido. Seguramente con razón se ha clamado siempre por no legislar en caliente. La misma razón que invita ahora a dejar caer una iniciativa que supondría derogar en caliente, con el desagradable calor de la alarma social provocada por el asesinato del niño de Almería. La desventaja de todo esto es que pocas veces se enfría el ambiente lo suficiente para que unos políticos responsables piensen detenidamente qué es lo que los españoles quieren respecto a sus leyes: Sandra Palo (2003), Mariluz Cortés (2008), Marta del Castillo (2009), Diana Quer (2016), Gabriel Cruz (2018). Demasiadas víctimas.

Con razón se sostiene que la pena de muerte, esa figura inaceptable en el mundo civilizado y que practican casi sesenta países como China, Irán, Pakistán y Estados Unidos, no frena los crímenes terribles con ensañamiento. Las estadísticas lo prueban. La confusión está en considerar que su objetivo es ese, y no el castigo por los horribles hechos cometidos, juzgados con todas las garantías y sentenciados por tribunales limpios. La clave de bóveda de todo esto es la forma de castigar la autoría de unos hechos.

En España hemos conseguido un nivel de tolerancia y respeto a los derechos humanos tal que la figura de la pena capital no estará nunca contemplada en nuestro sistema. Pero es el endurecimiento del aspecto punitivo lo que se está planteando, en caliente o en frío, como necesario para evitar esa sensación de bajo coste de sus delitos para los asesinos condenados. Sin ir más lejos, para adaptarnos no a China, Irán, Pakistán o Estados Unidos, sino a Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Holanda o Dinamarca.