Creo que los políticos catalanes encarcelados son rehenes políticos

Spain is different fue el eslogan que en el año 1960 lanzó el Ministerio de Información y Turismo a la sazón dirigido por aquel entonces por Manuel Fraga. La aparente inocuidad de aquel mensaje apenas podía ocultar el intento de justificar ante los ojos de los países extranjeros la existencia de una dictadura sangrienta. Desde entonces acá y reiteradamente, muchas decisiones gubernamentales y judiciales siguen resguardándose -para mal- bajo el paraguas de la coartada que el franquismo utilizara.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los demás políticos soberanistas encarcelados (el exconseller de Interior, Joaquim Forn, el expresidente de la ANC y número dos de la lista Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart) lo han sido en función de la decisión judicial de prisión preventiva. Es decir, no han sido juzgados y, en consecuencia, tampoco condenados.

La prisión preventiva es un recurso judicial para impedir que el sospechoso se fugue antes del juicio o destruya pruebas importantes para el proceso. Esta decisión de encarcelamiento, que puede ser sustituida por una multa o por el arresto domiciliario, tiene en el mundo del Derecho bastantes contradictores porque, a su juicio, atenta contra algo tan importante como la presunción de inocencia.

El auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, correspondiente al 12 de enero de este año, en respuesta a los abogados de los detenidos, declara la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Parlamento catalán.

Por otra parte, recomienda que se arbitre por la Mesa de la Cámara legislativa el modo y manera de que puedan ejercer el derecho a voto mediante delegación en otro diputado.

Creo, quizás ingenuamente, que la Justicia tiene, entre otras funciones propias, la de cohonestar el cumplimiento de la Ley con el ejercicio de los legítimos derechos públicos y privados.

En el caso que nos ocupa, los encarcelados han sido democráticamente elegidos para ejercer en uno de los tres Poderes del Estado (las Comunidades Autónomas son también parte del Estado en su conjunto).

¿No es posible que estos diputados puedan asistir a las sesiones del órgano emanado de la voluntad popular? ¿De verdad que no es posible garantizar su asistencia, sin perjuicio de la vigilancia y el control de sus movimientos?

Hablar de costos en esta España de derroches y fraudes sería un sarcasmo hiriente. Creo que los políticos catalanes encarcelados son, formalmente y de hecho, unos rehenes políticos.