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El error del Gobierno promocionando productos catalanes: el boicot beneficia al resto de CCAA


    Lucio A. Muñoz

    El único aspecto positivo que está reportando el independentismo catalán es el resurgimiento de un profundo sentimiento patriótico, en clave de amor a España y a sus símbolos. Sobre todo, a nuestra gloriosa bandera nacional.

    Un sentimiento que también ha resurgido en Cataluña. Tanto en cuanto, más de la mitad de los catalanes leales a España, y por tanto contrarios a la independencia, se han convertido en la denominada "mayoría ruidosa", dejando atrás su pasado minoritario y silencioso.

    De hecho, las manifestaciones multitudinarias celebradas en Barcelona después del 1-O así lo han constatado.

    Valor político

    En este sentido, la cuestión nacional, es decir, contar con un proyecto político de perfil nacional para España será fundamental para cualquier partido que aspire a ganar las próximas elecciones generales.

    Porque la mayoría de los españoles se han hartado del constante ninguneo al que los partidos políticos han sometido a España durante las últimas cuatro décadas.

    No solo por parte de aquellas formaciones políticas de corte separatista. Sino también, aunque en menor medida, por los denominados partidos constitucionalistas.

    Todo ello, derivado de los injustos privilegios que los distintos gobiernos centrales han concedido tanto a Cataluña como al País Vasco.

    La meritocracia a nivel autonómico ha brillado por su ausencia en estos 40 años de pseudodemocracia. Tanto en cuanto, el premio, en forma de sobrefinanciación vía FLA, fueros a la carta, derechos históricos inventados, ventajas fiscales, etc., siempre se lo han llevado las autonomías dotadas de gobiernos traidores y antiespañoles.

    En virtud de lo anterior y de otras muchas causas, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la desigualdad interregional se ha convertido en una de las principales señas de identidad del fracasado Estado de las Autonomías.

    Además de la corrupción institucionalizada, la asfixia fiscal, la deuda, el déficit, el sobredimensionamiento político y administrativo, etc.

    Una clara ventaja competitiva

    A pesar de lo cual, el Gobierno nacional, que actualmente también ejerce sus funciones ejecutivas en el Govern de Cataluña, debido a la pseudo aplicación del Art. 155 CE, está proyectando una campaña publicitaria al objeto de promocionar los productos catalanes en el resto de España.

    Tal campaña, que será promovida desde la Generalidad catalana y financiada mediante los impuestos de todos los españoles, representa otra muestra más de la desigualdad existente entre las comunidades autónomas españolas.

    Recordemos que el Gobierno también podría poner en marcha un plan de incentivos fiscales destinados a atraer a las empresas huidas de Cataluña.

    Tampoco olvidemos que muchas de las empresas que se han marchado de Cataluña, mostraron su apoyo corporativo al independentismo antes de marcharse. De manera directa o indirecta. En público. O en privado, es decir, en determinados círculos empresariales y políticos relacionados con el entorno del separatismo catalán.

    Si bien es cierto que cualquier gobierno autonómico, a nivel institucional, puede lanzar una campaña promocional de los productos y servicios fabricados por las empresas de su región, con el objetivo de potenciar su marca fuera de la misma.

    En este caso, es el Gobierno nacional, que desde la Generalidad recomendará a todos los españoles consumir productos catalanes, discriminando de esta manera a los productos de otras regiones españolas.

    Se trata de una política gubernamental que raya el intervencionismo en la economía, y cuyas anticompetitivas consecuencias podrían estar relacionadas con una distorsión del mercado. Máxime, considerando que la citada campaña promocional de los productos catalanes podría coincidir con la Navidad.

    Una campaña que se volverá en contra

    De todas formas, la mencionada campaña promocional, diseñada para reposicionar la marca de las empresas catalanas, chocará frontalmente con la intención de compra de muchísimos españoles, que patriótica y emocionalmente han decidido no comprar productos catalanes.

    Esta anti catalana decisión de compra favorecerá al resto de empresas españolas, que compiten en desigualdad de condiciones (aunque aportando un plus de valor en forma de calidad y precio) con las empresas catalanas.

    El independentismo está arruinando a Cataluña y empobreciendo al resto de España. Esta máxima es indiscutible.

    Pero por el contrario, un boicot a los productos catalanes no perjudicaría a la economía española de manera global. El citado veto únicamente sería perjudicial para las empresas catalanas en particular.

    Debido a que incluir en la cesta de la compra exclusivamente a productos de empresas españolas beneficiaría al resto de autonomías, que también tienen derecho a prosperar.

    En definitiva, los españoles de bien harán caso omiso a la campaña publicitaria que lanzará el Gobierno para promocionar los productos catalanes.

    Puesto que, solo comprarán productos catalanes procedentes de aquellas empresas que se hayan posicionado públicamente en contra del separatismo catalán.