El independentismo en Cataluña no entendió el mensaje de los españoles

Son verdades supuestas posteriores a la verdad real, y por eso se les llama posverdades. Ya las hemos analizado en esta misma tribuna, contextualizándolas como lo que muchos consideran que realmente son: inexactitudes, verdades a medias, mentiras, falsedades. Y estos días se repiten constantemente, como consecuencia del final de un sueño imposible y de la cercanía de unas elecciones que volverán a barajar las cartas para jugar una nueva mano.

Los independentistas catalanes, que lo siguen siendo con todo el derecho pese al rotundo fracaso del intento ilegal de octubre, insisten en figuras imaginarias a las que se suman otras ideologías con entusiasmo. Una de ellas es la que defiende que desde España, desde Madrid, desde el gobierno central no se entendió el mensaje que desde aquella Diada de 2012, más atrás aún, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, lanzaba el pueblo de Cataluña.

La primera enmienda a esa máxima es que el mensaje se lanzaba desde una parte de los catalanes, en absoluto representativa de todo el pueblo catalán. En segundo lugar, la matización una vez más de que desde la sentencia recortadora del Estatut hasta el inicio del periplo independentista pasaron dos largos años en los que Convergencia y el president Artur Mas pactaron con el PP en un ambiente de colaboración exento de ninguna propuesta separatista.

Y tercero y más novedoso: lo que ocurrió en realidad es que los catalanes que querían llevar a cabo un proceso ilegal contra la Constitución española no entendieron el mensaje del resto de sus compatriotas. No se entendió desde esa Cataluña rupturista que los españoles les decían por ese camino no, así no se hacen las cosas. La inmensa mayoría silenciosa de los ciudadanos de este país, los que ahora han salido a la calle con sus banderas y las han colgado de sus balcones, les dijeron cosas que no quisieron escuchar.

Otro de los recientes dogmas que sale a colación en cada entrevista o conversación es la duda de que se acepten los resultados del 21D. El Estado suspende una autonomía para convocar elecciones y se cuestiona si aceptará los resultados del proceso que él mismo ha convocado. La verdadera cuestión es si aceptará la legalidad una posible nueva mayoría independentista, y defenderá sus legítimas aspiraciones dentro del marco constitucional que regula la convivencia entre los españoles.

El sistema está preparado para permitir incluso que haya en algunas listas candidatos que están en prisión preventiva o incluso algunos que han eludido la acción de la justicia marchándose al extranjero. Es plenamente legal aspirar al sufragio pasivo pese a estar inmerso en un proceso judicial, incluso en busca y captura. Lo insólito de la actual situación es que de repente se haya desvanecido la sacrosanta exigencia de los últimos tiempos en la vida pública según la cual un imputado debía desaparecer de la política fuera cual fuera el alcance del asunto por el que se le investigara en los juzgados. Hay imputados en las listas electorales que han sido aceptados por propios y adversarios con la mayor naturalidad.