Cataluña en los días finales del 'procés' (II)

Como decíamos ayer, en Cataluña la ley y la convivencia están en grave riesgo ante el golpe a la Democracia perpetrado por Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía. Llegados a este punto, donde nunca tendríamos que haber llegado, deberíamos plantearnos cómo salir de aquí. No tengo una bola de cristal, pero no saldremos cometiendo los mismos errores que nos han llevado hasta aquí. Cataluña en los días finales del 'procés' (I)

Tampoco nos sacará de aquí una mágica apelación al diálogo. Para comenzar, los que proponen diálogo o mediación, en realidad lo que están proponiendo es una negociación con alguien que se ha situado voluntariamente al margen de la ley y de los cauces democráticos de diálogo. Cerrando, además, el Parlament, silenciando a la oposición entera y utilizando la institución como su cortijo. No se puede negociar ni dialogar nada con quienes se saltan sistemáticamente todas las leyes, incluso las que ellos mismos promulgan. Tampoco se puede negociar bajo chantaje, y mucho menos renunciar a la soberanía nacional, que es de todos los españoles. Las razones son múltiples y de principio, pero incluso aunque no fuese así, ¿cómo se puede esperar de los que no obedecen ninguna ley que respeten algún tipo de acuerdo?

En cualquier caso, la solución pasa por devolverle la voz y el voto a todos los catalanes. Por esa razón, la solución más respetuosa con la autonomía catalana era detener esta locura mediante una moción de censura, con el objetivo de que se convocasen nuevas elecciones. Sin embargo, ni el PP ni el PSOE estuvieron dispuestos a que se tramitase. Si se hubiese sometido a votación, hubiese dado la oportunidad a los diputados de Junts pel sí, que en privado están en contra de esta locura de poner un final a este camino al precipicio. En este punto de ausencia de ley y gobierno en Cataluña, el Gobierno debe aplicar la Constitución. Recuperar la democracia desde la Constitución y proteger los de- rechos y las libertades de los catalanes no es optativo. Por eso, desde Ciudadanos hemos apoyado, sin fisuras, que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución para llamar a los catalanes a las urnas. No se debe tener miedo a la democracia.

Evidentemente, antes de eso hay que restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en Cataluña. Sin embargo, solo un gobierno elegido por los catalanes en las urnas y con un mandato largo podrá restablecer la normalidad. Pensemos en las empresas que han modificado su domicilio social y fiscal por el caos desatado por el Govern de la Generalitat. Ninguna de las pésimas consecuencias económicas y sociales del procés empezará a revertir hasta que haya un Govern elegido por los catalanes. Parar el golpe a partir de la Constitución es el primer paso para que en Cataluña pueda haber un nuevo Gobierno, democráticamente elegido, que tendrá que gestionar la inestabilidad económica y la fractura social que han generado Puigdemont y Junqueras.

Una vez restablecida la democracia, con unas urnas de verdad, será el momento de volver a la política. A partir de aquí, la negociación será imprescindible. Hay que hacer política en cuestiones como la negociación de una nueva financiación autonómica, para todos, negociada multilateralmente, que es necesaria porque hay que dar más autonomía y responsabilidad a las CCAA. Además, hay otras cuestiones pendientes como las inversiones productivas necesarias, por ejemplo las del corredor mediterráneo. Hay más reformas que no son económicas, o al menos no directamente, que son igualmente necesarias, como convertir definitivamente al Senado en una auténtica cámara de representación territorial. Siempre entendiendo que la reformas, constitucionales o no, deben hacerse no para contentar a los nacionalistas, no para hacer un traje a medida a los señores Puigdemont y Junqueras, sino en beneficio de todos los ciu- dadanos españoles. Pero antes de poder volver a hacer política es imprescindible parar el golpe y restablecer la autonomía, el imperio de la ley y la voluntad democrática de todos los catalanes.

Por otra parte, para no volver a poner en peligro la recuperación económica, hay que restablecer también la normalidad en la tramitación presupuestaria. La propia Constitución establece en su artículo 134 que el Gobierno debe presentar antes del 30 de septiembre el proyecto de presupuestos del año siguiente. Si no se presentan los presupuestos, difícilmente se podrán aprobar. La ausencia de un proyecto de presupuestos está suponiendo pérdida de crecimiento, es decir: menos empleo, menos recaudación fiscal, es decir más déficit. Por eso, por estabilidad, el Partido Socialista debería apoyar los presupuestos.

Si el PP busca apoyos y el PSOE no bloquea las cuentas en una situación crítica, España puede continuar la senda de la recuperación económica, reducir el desempleo, salir del procedimiento de déficit excesivo, introducir la rebaja del IRPF para 3 millones de españoles o avanzar en la conciliación familiar con la extensión de permisos de paternidad y la ayuda de 1.000 euros anuales a las familias para la escolarización de 0 a 3 años. No podemos ni debemos poner en peligro la recuperación económica y la estabilidad política. Por nuestra parte, como siempre, haremos todo lo necesario. Esperemos que, con el concurso de otros, sea suficiente.