Cataluña en los días finales del 'procés' (I)

Llevamos una sucesión interminable de "días históricos" en el final del procés per la Independéncia en Cataluña: desde los nefastos días negros del Parlament, el 6 y 7 de septiembre, hasta el sábado pasado en el que el Gobierno de España decidió, por fin, responder al golpe a la democracia en Cataluña, aplicando el artículo 155 de la Constitución, como habíamos pedido insistentemente desde Ciudadanos para recuperar la democracia. Sin embargo, evidentemente la jornada más singular fue la del 1 de octubre, en la que se organizó un pseudo referéndum, y en la que casi todo se hizo mal.

El pseudo referéndum organizado por el Govern no fue un ejercicio de democracia ni por sus formas ni por su fondo. Se prescindió de cualquier tipo de garantía y antes de empezar se conocía el desenlace, en realidad, lo único que se pretendía desde un principio era declarar unilateralmente la independencia.

Si finalmente esta declaración ha sido ambigua o suspendida se debe a la combinación de tres factores: la adecuada e irreprochable respuesta del Rey, la reacción de un millón de catalanes que se echaron a la calle el 8 de octubre, y porque se hicieron visibles las muy negativas consecuencias del golpe a la democracia.

Desde un punto de vista económico, la consecuencia más evidente de todo este procés consistió en la fuga de empresas. El movimiento se originó en la banca. Era algo previsible: el riesgo de quedarse fuera de la Unión Europea iba a originar una fuga de depósitos en los bancos domiciliados en Cataluña. Era algo que ya escribí hace dos años, unos días antes de las anteriores elecciones autonómicas en Cataluña. "¿Corralito financiero o Corralón en Cataluña?"

Entonces, la fuga no se materializó, porque las candidaturas no secesionistas obtuvieron menos votos que las independentistas. De hecho, si en algún momento tenía sentido Ciudadanos como partido fue ése. De no haber existido Ciudadanos, algunos ciudadanos no independentistas se hubiesen quedado en casa, con lo que JpS hubiese tenido mayoría absoluta en escaños, y conjuntamente con la CUP mayoría absoluta en votos. Las consecuencias, vistas desde hoy, se las pueden imaginar fácilmente.

Después de los bancos han seguido la casi totalidad de las grandes empresas. Estas empresas comenzaron cambiando el domicilio social, aunque posteriormente muchas de ellas también han modificado su domicilio fiscal. Recordemos que el domicilio fiscal, legalmente, es la ubicación donde se halla la dirección efectiva de las empresas. Esto tiene dos implicaciones: en primer término que los traslados serán mucho más relevantes del mero traslado del domicilio social. En segundo lugar, que existe pavor a los futuros "requerimientos e inspecciones" de la Hacienda catalana. Las consecuencias de este éxodo de las grandes empresas son dos: en primer lugar, que esta fuga hace menos viable si cabe una hipotética independencia de Cataluña. Un Estado no es viable sin Hacienda, sin capacidad de recaudar impuestos para pagar el gasto público. Una Hacienda no es viable si no puede acceder al dinero y a la información que gestionan las empresas. Y esto no podrá hacerlo, si las empresas radican en el extranjero, como expliqué la semana pasada en estas mismas páginas.

En segundo lugar, a medida que los centros de decisión económica se desplacen de Cataluña, inevitablemente Cataluña se irá empobreciendo. Si no se revierte la situación, lo que pasa inevitablemente por el restablecimiento de la Ley y el Derecho en Cataluña, las pérdidas de inversiones, los traslados... empobrecerán a todos los catalanes. Aquí la responsabilidad de Junqueras, conseller de Economía y de los economistas de cabecera del procés es evidente: Cataluña es la autonomía con los impuestos más elevados y con más medidas restrictivas y regulatorias. Ahora, al dejar sin ley y sin Gobierno la comunidad, han causado el empobrecimiento de todos los catalanes.

La respuesta a este desastre económico por parte del conseller Junqueras ha sido, primero, negar su existencia, y después echar la culpa a la "brutalidad policial" del Estado. Estamos a la espera de que el departamento de propaganda separatista distribuya las imágenes de policías entrando en los Consejos de Administración. Algunos economistas de cabecera del procés, como Sala i Martín, declaraban que lo que podía producir un desastre económico era la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La realidad es que el desastre ya se ha producido, y se ha derivado simplemente la previsión del brutal shock económico que se derivaría para Cataluña por salirse de España y Europa. Sería simplemente irónico, sino fuese terriblemente amargo, que estos políticos y economistas lo que habían prometido a los catalanes era que se iban a hacer mucho más ricos, rompiendo los lazos y la solidaridad con el resto de los españoles. Lo único que han conseguido es deteriorar de forma muy grave la convivencia entre los propios catalanes.

En lo que se refiere a la situación económica general, todo esto está teniendo dos efectos fundamentales en el panorama español. Por una parte, se ha paralizado cualquier iniciativa de reforma, empezando por los PGE 2018 que debían estar ya tramitándose en el Congreso, pero que el Gobierno retiene por la falta de apoyos. Un segundo efecto es incluso más relevante: el regreso de la inestabilidad, lo que puede tener un coste importante en términos de crecimiento y creación de empleo.

El efecto de todo esto es negativo, pero no sabemos hasta qué punto. Eso dependerá fundamentalmente de la salida que se dé a esta situación ilegal y antidemocrática, y también de cuánto se tarde. En cualquier caso, en una situación tan complicada como ésta, el PSOE, que con su abstención podría permitir que España tuviese presupuestos, es decir algo menos de inestabilidad, debería estar a la altura de la circunstancias.

Ante este panorama, al que nunca deberíamos haber llegado, mañana hablaremos de las vías de salida del laberinto.