Cataluña: no hay atajos en democracia

Como afirma el consenso de los estudiosos sobre el fenómeno nacional, las naciones y los estados no son fenómenos naturales y eternos. Primero, surgen los nacionalistas y, si tienen éxito, construyen naciones que, finalmente, acaban reclamando un Estado. "Ya hemos creado Italia -dijo Mazzini-. Ahora hemos de crear a los italianos". Ello no quiere decir que, antes de la unificación, no hubiera italianos, es decir, un número significativo de ciudadanos que desearan una Italia unificada, pues, sin ellos, la unificación no hubiera sido posible.

Significa que la opción nacional es la opción de un empresariado político -una clase política- que adopta esa decisión, para lo que necesita una mínima base popular y, una vez conseguida, debe asegurar el éxito ampliando dicha base, para lo que es imprescindible focalizar esfuerzos en la profundización y expansión de la conciencia nacional.

El nacional-secesionismo catalán no altera este patrón. La Constitución de 1978 puso en manos de los nacionalistas instrumentos poderosos que podían haberse usado para el enriquecimiento de una identidad plurilingüistica y pluricultural compartida, pero que han usado para la expansión de un nosotros colectivo distinto y excluyente del español. "Ahora paciencia, mañana independencia" fue el lema central del pujolismo. Todo ello, a la vista, ciencia y paciencia y, en demasiadas ocasiones, con la colaboración, por razones estrictamente oportunistas, del empresariado político -clase política- responsable de administrar el devenir del sujeto soberano único, y, por lo tanto, única fuente de legitimidad, que fundamenta la propia existencia de la Constitución de 1978.

Como destaca el consenso de los estudiosos del tema, en la evolución de todo nacionalismo hay un momento crítico: aquel en el que los lideres nacionalistas consiguen que sus aspiraciones sean suscritas por amplios sectores populares.

Los secesionistas catalanes creen haberlo conseguido y, por ello, han decidido desafiar al Estado de Derecho del que forman parte. Y es aquí, precisamente aquí, donde, en mi opinión, han cometido un grave error.

Los secesionistas quieren la independencia decidida por el pueblo -prefiero "ciudadanos"- de Cataluña mediante referéndum . Para ello, conforme a las reglas de nuestro Estado de Derecho, es necesaria la autorización del Congreso de los Diputados, pero ni siquiera se han molestado en solicitarla, argumentando que les sería denegada y han decidido forzarlo atribuyéndose un derecho del que carecen, como todo el mundo reconoce, salvo los propios secesionistas.

Puede discutirse si el Congreso debería aceptar o no la celebración del citado referéndum, en el caso de que se le solicitara. Lo que no es discutible es que tiene todo el derecho democrático -para algunos, incluso la obligación- de no aceptarlo y que los secesionistas no tienen derecho a convocarlo si el Congreso de los Diputados no lo autoriza. Esta decisión podrá ser compartida o no, pero no está cometiendo un acto antidemocrático sino, muy al contrario, ejerciendo un derecho democrático y para algunos, incluso, cumpliendo una obligación, también democrática, porque, en su opinión, se lo impone la Constitución. Incluso aunque no se comparta esta opinión de imposición constitucional, el Congreso tiene todo el derecho democrático a no autorizarlo. El juego democrático consiste en que los secesionistas intenten obtener, ahora o en el futuro, las mayorías necesarias dentro del Congreso para obtener tal autorización o las modificaciones normativas necesarias. Eso es lo que dictan las reglas de cualquier democracia, como la alemana para el caso de Baviera o la canadiense para el de Quebec, o la británica para el de Escocia, por ejemplo.

Lo que no pueden hacer los secesionistas, sin embargo, es situarse por encima de las reglas del Estado de Derecho y celebrar un referéndum invocando un derecho de autodeterminación que nadie les reconoce .

Al haberse atribuido un derecho del que carecen y decididos a ejercerlo por la fuerza, los secesionistas, cuyo objetivo separatista es lícito en nuestra democracia -no así en la francesa o parece que tampoco en la alemana, por ejemplo, lo que no convierte a esos países en menos democráticos- han cruzado el Tíber y se han situado fuera y enfrente de la cultura democrática que vertebra a España y a toda la Unión Europea.

La soberbia y el desprecio por las reglas del juego, es decir, por los derechos de los demás, conforman su gran error: la opción de imponer el referéndum por la fuerza ha cambiado el escenario. La cuestión primordial ya no es si debería celebrarse o no un referéndum, sino que los secesionistas quieren imponerse por métodos antidemocráticos y, por tanto, la defensa de la democracia pasa a ser la prioridad. También debería serlo para todos aquellos ciudadanos cuya opción es la secesión, pero que son conscientes de que la prioridad es la democracia, porque sin Estado de Derecho la libertad no es ley, sino opresión. Al haber desafiado la legalidad democrática, los secesionistas, estos secesionistas, se han deslegitimado -aunque el secesionismo sea un objetivo lícito en nuestro sistema democrático- porque, en democracia no caben atajos: legalidad y legitimidad son la misma cosa.

Los líderes secesionistas pretenden justificar su violación de la democracia argumentando que el Gobierno no se ha avenido a negociar. Aunque ello hubiera sido así, no serviría de justificación, pero es que, además, no ha sido así. El Gobierno aceptó, en última instancia, es cierto, pero aceptó, hablar de todas las cuestiones planteadas por el presidente de la Generalitat de Catalunya, salvo una: la celebración del referéndum. Ante ello, las autoridades secesionistas de Cataluña ofrecieron al presidente del Gobierno la posibilidad de negociar, únicamente, detalles ornamentales del referéndum.

Para los secesionistas, negociar significa que la contraparte debe aceptar sus deseos, los cuales son siempre incuestionables, si bien, en un acto de generosidad, están dispuestos a negociar los detalles. A esto le han llamado estar dispuestos a negociar en todo momento.

Su inmensa soberbia, de la que derivan tanto su desafío a la legalidad democrática como su incapacidad negociadora, está cavando su tumba política y debilitando la propia opción que defienden. Es probable que ciudadanos cuya opción política es la secesión estén reflexionando sobre qué hacer en las circunstancias actuales, porque la historia nos muestra qué sucede cuando un líder viola la ley democrática e invoca directamente al pueblo para conseguir un objetivo, y concretamente, un objetivo que le permite tener más poder, cual es la secesión. Si tiene éxito, seguirá usando el mismo método una vez alcanzado el poder.

Recomiendo a los ciudadanos, especialmente a aquellos cuya opción es la secesión, que lean la Ley de Transitoriedad recientemente aprobada por el Parlament de Catalunya: configura un escenario político en el que no hay ni prensa ni justicia independientes, y, por lo tanto, no hay democracia, lo que se justifica, por supuesto, debido al carácter excepcional del momento. Como siempre. La historia demuestra que estas excepcionalidades tienden a ser indefinidas, porque cuando los gobernantes se acostumbran a gobernar sin prensa que les moleste ni justicia que los fiscalice, volver a aceptar las limitaciones que toda democracia impone a su poder les resulta harto incómodo.

Frente a esta situación debe resaltarse cómo la democracia española ni ha recurrido al estado de excepción ni a la suspensión de la autonomía de Cataluña ni a la adopción de ninguna medida que suponga la menor disminución de la libertad individual de ningún ciudadano. Simplemente, ha puesto en funcionamiento los mecanismos ordinarios de un Estado de Derecho, lo que significa que no se persigue a nadie por su ideología, sino solamente a aquellos que realizan actos contrarios a normas de Derecho Público imperativas o prohibitivas, es decir, que protegen los derechos de los demás ciudadanos.

En nuestro país se puede ser conservador, liberal, socialista, comunista, centralista o separatista. Lo que no se puede es imponer la propia ideología a los demás ni llevarla a la práctica por procedimientos distintos de los configurados en las normas que vertebran el Estado de Derecho. Si esas normas se violan, debe restaurarse el orden jurídico vulnerado, utilizando solo los procedimientos previstos en las propias normas para ser aplicadas incluso contra la voluntad de quienes se resisten a cumplirlas.

Dado que los líderes nacional-secesionistas desprecian directamente las instituciones, incluidas las que legitiman su poder, y han decidido asentarse directamente sobre el pueblo, al cual han ofrecido la independencia como bálsamo de fierabrás de todos sus males reales o supuestos, va a ser difícil una solución negociada sin cambios en el liderazgo.

Sin embargo, acabará imponiéndose el Estado de Derecho y, además, una solución negociada. Ante esta situación, las fuerzas políticas democráticas deberían ser capaces de adoptar una posición común, rigurosa con el respeto a la democracia, que incorpore las enseñanzas de la experiencia, que sea consciente de que, aunque las autoridades catalanas son secesionistas no lo es la mayoría social ni política, y que, aunque el margen es estrecho, hay soluciones posibles que podrían ser aceptadas por la gran mayoría. Más pronto que tarde será necesario que todos pongan sus ideas y toda su capacidad sobre la mesa.