No renunciar a nada lo incluye todo: el artículo 155 de la Constitución está para ser utilizado

La frase que ha pronunciado de manera solemne el presidente del Gobierno para referirse a lo que piensa hacer para impedir la celebración de la consulta de independencia parece abrir por primera vez una puerta que muchos creían cerrada. No se trata de ningún estado de excepción ni de la presencia en las calles de fuerza alguna, aunque esas circunstancias concurrieran en anteriores desafíos independentistas en Cataluña. Se trata de la sencilla y demoledora aplicación de la Ley Fundamental del país, aprobada democráticamente por el pueblo español con una mayoría abrumadora.

La Constitución de 1978 no se aprobó y se promulgó con una lista de artículos que pasan del número 154 al 156. En medio de ambos hay otro, cuya sola mención o la invocación de su contenido parece que nos remite a tiempos franquistas. Ninguna formación política ha propuesto en estos casi cuarenta años su derogación o modificación, de forma que está plenamente en vigor y su activación no supondría ninguna medida antidemocrática ni despreciable.

El artículo 155 dice así: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Se ha interpretado que esas "medidas necesarias" pasarían por la intervención de la Comunidad que así actuara, la eliminación de competencias y el restablecimiento de la autoridad del Estado en su territorio. Pero la norma establece sólo que serán las "medidas necesarias".

España debe ser el único país del mundo que se rasga las vestiduras cuando se habla de aplicar un precepto de su Constitución. Los complejos que se atisban en los partidos políticos al referirse a este artículo son inversamente proporcionales a la falta de complejos que exhiben quienes han forzado esta inconcebible situación de ruptura entre Cataluña y el resto del país.

Los partidos independentistas han perdido en estos dos días las pocas razones que tuvieran aún para seguir adelante con su intentona separatista. Aplastando a la oposición parlamentaria de la manera que lo han hecho para aprobar por la fuerza de la mayoría de escaños (en absoluto la de ciudadanos), han provocado la comparación de su Cámara de representantes con los parlamentos dudosamente democráticos de países afectivamente cercanos a nosotros.

La práctica unanimidad de los editoriales en los periódicos nacionales e internacionales debería hacer reflexionar a quienes han decidido huir hacia adelante en un vertiginoso camino hacia ninguna parte. Una sentencia menos contundente que las decisiones del Tribunal Constitucional y la Fiscalía, pero que cala tal vez más en la opinión pública, incluida la hasta ahora favorable a la consulta.