Puigdemont contra el Estado de Derecho

En los últimos días, a muchos ciudadanos nos parece que el Govern de la Generalitat, y especialmente su presidente, Carles Puigdemont, parece haber perdido, del todo, el sentido de la realidad. Algunos podrían pensar que esto solo se debe a mi discrepancia radical, y la de mi partido, Ciudadanos, con el proyecto de referéndum ilegal separatista. Sin embargo, las últimas declaraciones del President a RAC 105 creo que no dejan lugar a dudas de la rauxa -rabia-, que sustituye cualquier mínimo razonamiento económico, político o jurídico.

Por supuesto, no me extraña que Puigdemont critique el procedimiento de responsabilidad contable, por el que el Tribunal de Cuentas exige que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs hagan frente al quebranto económico que supuso para las Arcas de la Generalitat aprobar el referéndum ilegal. Aún así, Puigdemont es el máximo responsable de la Administración perjudicada por los gastos de la consulta ilegal del 9-N , pero aquí claramente priman los intereses partidistas, y personales de los dirigentes, sobre los intereses públicos. La organización del referéndum supuso un gasto para una finalidad ilegal, lo que además los convocantes sabían. La rabia por esta exigencia, pensando correctamente, que podrían no ser los únicos dirigentes que tendrían que responder con su patrimonio de las ilegalidades y delitos que comentan, da lugar a un cúmulo de disparates económicos.

En primer término, Puigdemont se pregunta si el Ministro Montoro debería responder con su patrimonio por la amnistía fiscal ilegal. En primer término, en lo único que se parecen una convocatoria de consulta ilegal y una amnistía fiscal es que ambas cosas son una vergüenza. Sin embargo, una amnistía fiscal no provoca directamente gastos, y una consulta ilegal sí. Hay algunos detalles que también se le escapan a Puigdemont. En primer término, que no sólo Montoro aprobó la amnistía fiscal, sino todo el Gobierno de Mariano Rajoy. En segundo lugar, que el Congreso aprobó esta amnistía, convalidando el Decreto Ley 12/2012. En ese momento, el Gobierno de Rajoy debía saber, porque algunos lo advertimos públicamente, que la amnistía era un grave error, pero no sabía que era inconstitucional.

Por otra parte, esa convalidación se hizo con el voto favorable del PP, imprescindible porque tenía mayoría absoluta, y de Convergencia, el partido de Puigdemont. Puestos a exigir responsabilidades por la amnistía fiscal "ilegal", habría que comenzar por el voto "gratuito" de Convergencia, actual PDeCat, que votó a favor, aunque su voto no era necesario para aprobar una medida vergonzosa e inconstitucional. En fin, quizás el lector pueda pensar que el voto no fue completamente gratuito cuando, por ejemplo, varios miembros de la familia Pujol se acogieron a esta amnistía fiscal. En cualquier caso, a los que había que haber exigido más dinero, de sus patrimonios, era a los beneficiarios de la inconstitucional amnistía fiscal, como promovió Ciudadanos.

Además de ser incoherente con el voto de su partido a favor de los defraudadores, Puigdemont también le reconoce la autoridad al Tribunal Constitucional que le niega en otros ámbitos. Fue el Tribunal Constitucional el que declaró la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal. Hay que hacer caso al máximo intérprete de la Constitución Española, siempre, no sólo cuando se trata de criticar a otro partido político. Incluso más allá, la amnistía fiscal era ilegal porque se oponía a la Constitución, y no por ninguna otra razón. La misma Constitución que es la garantía de los derechos de los ciudadanos, también en Cataluña, y que el Gobierno de Puigdemont parece decidido a saltarse.

Por último, Puigdemont critica que el Estado Español no ha hecho nada por conseguir la devolución del préstamo de 60.000 millones de dinero de todos los contribuyentes a los "bancos". Por supuesto, inyectar capital directamente en una entidad, como en Bankia o Caixa Catalunya no es un préstamo. En todo caso, cuando se privaticen las entidades supervivientes, es decir fundamentalmente Bankia tras la fusión con BMN, igual se recupera algo de este dinero, pero no es un préstamo. Lo peor de todo, es que el dinero del rescate, lo pagamos todos los contribuyentes, los catalanes también, pero no sólo ellos, sino todos los españoles.

Ese dinero, en cualquier caso, de dónde no se podrá recuperar es de Catalunya Banc, heredera de la antigua Caixa Catalunya, cuyo rescate costó 12.676 millones, según el Tribunal de Cuentas, y que tuvo que ser adjudicada con plan de protección de activos. Esto quiere decir, que los contribuyentes pusimos más de 12.000 millones, que no recuperaremos nada, y que todavía tenemos que soportar una parte de las pérdidas y reclamaciones a la antigua Caixa Catalunya. Esta entidad estaba supervisada por la Generalitat, de acuerdo con los artículos 120 y 121 del Estatut, que señalaban, incluso que la Generalitat tenía competencia compartida y colaboraba en la inspección y sanción de las cajas de ahorro establecidas en Catalunya.

Convendría recordar que Caixa Catalunya estaba politizada, y que un partido, el PSC nombró a varios consejeros, e incluso que el Presidente era un significado dirigente socialista como Narcis Serra. En todo esto tiene mucha responsabilidad la Generalitat, y es algo que también olvida Puigdemont.

Lo peor es que todos estos olvidos selectivos, indican no solo rabia e inconsciencia de las propias responsabilidades, sino ausencia de cualquier tipo de proyecto. Si ante las exigencias legales de responsabilidades, el President de la Generalitat responde así, simplemente aterra pensar que haría si no estuviese sometido a ningún tipo de control. Esta búsqueda de impunidad a cualquier precio parece, cada día más, como el único objetivo del imposible e ilegal referéndum que preparan los radicales separatistas para el próximo 1 de octubre. Es rauxa contra el Estado, contra el Estado de Derecho y la Legalidad. Catalunya necesita urnas, pero de verdad, para poder elegir un govern que deje atrás la rauxa, y vuelva a apostar por la racionalidad y la convivencia.