Filtraciones de los sumarios a los medios: el hambre y las ganas de comer

La polémica que estos días envuelve a los fiscales de nuestro país tiene derivadas periodísticas. La cúpula del Ministerio Público ha clamado públicamente por un sistema legal que impida o ponga más difícil la existencia de filtraciones de sumarios judiciales que permanecen bajo secreto. La cuestión no debe en absoluto afectar a los medios de comunicación que cumplen su constitucional labor de informar a los ciudadanos, utilizando aquello que les llega porque alguien interesado se lo entrega, o en el menor número de casos aquello que han logrado fruto de sus investigaciones y su empeño detectivesco.

Cuando se produce una filtración del tipo que hoy se denuncian, el objetivo es doble. Por un lado, una de las partes que están personadas en un sumario y que tiene acceso a los documentos incluidos en el proceso está interesada en perjudicar a alguien y por eso entrega parte de esa documentación a quien sabe que la publicará. Por otro lado está el interés, del tipo que sea, de esos medios a la hora de publicar la información, que será rápidamente empleada en sede parlamentaria con fines políticos. El hambre de unos se junta con las ganas de comer del resto.

Sólo se filtra una parte, un goteo de declaraciones inconexas o frases descontextualizadas de conversaciones que los implicados en casos de corrupción han mantenido cuando han sido investigados. El resto queda oculto en las carpetas con el sello de secreto sumarial. Ni un sólo detalle que desmienta acusaciones o sospechas es filtrado jamás.

El primero que debe luchar contra la violación del secreto de un sumario es el juez que lo dirige. Se supone que decretar ese secreto tiene unos objetivos que el juez quiere preservar. Imaginamos a un instructor leyendo en los medios durante el desayuno las conversaciones telefónicas o mensajes SMS que él ha ordenado que no se conozcan hasta más avanzada la investigación. No debe ser plato de gusto para él.

Las voces que estos días reclaman herramientas legales para poner más difícil la filtración de detalles judiciales no plantean actuar contra el derecho constitucional a la información. No se trata de evitar que los medios de comunicación cumplan su sacrosanta misión de garantizar ese derecho a la información publicando las informaciones que lleguen a sus manos. Se trata de evitar que alguien, con fines desconocidos y en la clara intención de perjudicar a terceros, deslice las páginas que le interesen (no el resto) de un sumario secreto.

La veracidad de un titular estriba en esta diferencia: la que va de informar a nuestros lectores de que la fiscalía quiere controlar a la prensa o informarles de que el fiscal quiere controlar que no se produzcan filtraciones a la prensa. Un fino matiz que en pleno auge de la brocha gorda pocos tienen en cuenta.

Lo que está ocurriendo con la fiscalía es que la guerra interna de este organismo crucial en nuestro Estado de Derecho se ha plasmado hacia el exterior aprovechando un panorama político encanallado e irrespirable hasta límites extremos. En el país que ha tenido fiscales jefe como Eligio Hernández, Leopoldo Torres, Jesús Cardenal o Cándido Conde Pumpido, resulta ocioso tener que contar una vez más que su labor mediatizada se convierte en arma política de los partidos que estén en la oposición, y viceversa. Lo más curioso esta vez en la oleada polémica que afecta a tan controvertida figura es que ahora los fiscales piden medidas de cárcel como mínimo para todos aquellos presuntos corruptos a los que investiga, sea cual sea el polvo que levanten en su camino.