¿Cómo podría mejorarse la democracia española?

La 'Comisión Anticorrupción del Congreso' ha recibido entre febrero y abril a varios expertos en asuntos relacionados con la financiación y el régimen jurídico de los partidos políticos. Así, los diputados integrantes de esta comisión han tenido la oportunidad de escuchar las ideas que respecto a las materias referidas han expuesto los especialistas invitados.

Recordemos que la Comisión Anticorrupción del Congreso puso en marcha, en septiembre de 2016, un plan de trabajo para abordar determinadas materias que afectan a la calidad de nuestro sistema democrático tales como la contabilidad, la financiación y la democracia interna de los partidos políticos, la independencia de las autoridades reguladoras sobre asuntos económicos o la protección de los denunciantes de casos de corrupción política.

El objetivo de todo ello no es otro que intentar mejorar el funcionamiento de nuestra cada vez más deteriorada pseudo democracia supuestamente por mediación de la aplicación de las aportaciones de valor que recopile la mencionada comisión.

A tal efecto, los grupos políticos redactarán las conclusiones (en las que podrán incluirse propuestas de modificaciones legales respecto a los temas de referencia) que extraiga la comisión. Y elevarán al Pleno las mismas para que puedan ser votadas, vía dictamen, a finales del presente año 2017.

Democracia subvencionada

En este sentido, una de las conclusiones a la que debería haber llegado ya la comisión es la relativa a que España tiene una democracia subvencionada.

De hecho, España es el país europeo en el que los partidos políticos dependen más de los fondos públicos. Tanto es así, que el 88%, aproximadamente, de los ingresos que obtienen los partidos proceden del Estado.

Una financiación derivada de los diferentes niveles administrativos: nacional, autonómica (Valencia y Euskadi financiaron a los partidos políticos con representación parlamentaria autonómica en sus presupuestos de 2016) y local.

Estos datos han sido aportados por Bárbara Jouan, una de las ponentes invitadas por la Comisión Anticorrupción del Congreso. Jouan es miembro de la Comisión Nacional de Control de Cuentas Electorales y Finanzas Políticas de Francia. Y también es experta en financiación de campañas de partidos políticos franceses.

Sociedad civil arrinconada

Este excesivo coste de la democracia, entre otros factores, ha provocado que España se haya convertido en una corrupta partidocracia, en la que unos antidemocráticos partidos políticos controlan todas las esferas de la vida pública. E, incluso, de la privada.

Del mismo modo, las generosísimas subvenciones públicas (que se han recortado mínimamente en los últimos ejercicios) han convertido a los partidos políticos españoles en organizaciones cuyo principal objetivo es conservar el poder a toda costa. E, igualmente, en macro agencias de colocación de mediocres.

Además, la excesiva dependencia que las formaciones políticas tienen del dinero público perjudica a aquellos partidos que pierden las elecciones.

Tribunal de cuentas politizado

En relación con lo anterior, Jouan destacó que la mayoría de los países dotados de democracias consolidadas no utilizan un tribunal, cuyos consejeros de cuentas son elegidos por las Cortes, para fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Tal como ocurre en España, respecto a nuestro súper politizado Tribunal de Cuentas.

Sino que, por el contrario, una verdadera democracia exige la creación de un organismo totalmente independiente para ejercer tal función.

Una independencia que debería estar amparada, tanto por un entorno legislativo adecuado (en el que se incluya un capítulo relativo a sanciones rápidas y eficaces en materia de corrupción), como por una voluntad política que actúe en la misma dirección.

Por último, Jouan puso el ejemplo de Francia, país en el que se financian las elecciones primarias presidenciales por parte del Estado. Pero, únicamente de modo parcial.

Los candidatos franceses incluyen en sus cuentas de campaña el coste de organización de la misma y, en función de ello, el Estado les reembolsa una parte de los gastos.

En otros países europeos, como Alemania, la financiación privada se combina con la pública, teniendo esta última menor protagonismo.

Antidemocracia española

Los españoles estamos acostumbrados a las continuas estrategias de marketing político adoptadas por todas y cada una de las formaciones políticas que conforman nuestra corrupta partidocracia.

En consecuencia, el interesante debate que está teniendo lugar en la Comisión Anticorrupción del Congreso podría ser otra obra de teatro político más.

Porque, realmente, a los partidos políticos españoles, repletos de profesionales de la política, es decir, personas sin oficio ni beneficio y dotados de un 'ridiculum vitae' de perfil estrictamente público político, les interesa seguir viviendo cómodamente de los PGE. Y seguir siendo auditados por un tribunal politizado.