El PP no se aclara con la plusvalía municipal

Hay pocas cosas más injustas que hacer pagar impuestos por perder dinero. Esta idea genial es la que está detrás del impuesto a las pérdidas que impusieron el PP y el PSOE en el Decreto Ley de Medidas fiscales en diciembre del año pasado, como ya hemos comentado en estas páginas. Sin embargo, muchísimos contribuyentes llevaban años pagando un impuesto, el de la plusvalía municipal, tanto si ganaban en la venta de inmuebles, como si perdían. Es decir, que se les exigían impuestos sobre ganancias, cuando en realidad tenían pérdidas: una injusticia evidente de nuestro sistema fiscal.

Recientemente, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dos normas forales, la de Álava y Guipúzcoa, que permitían a los ayuntamientos de esos territorios históricos cobrar el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida plusvalía municipal. Lo que el Tribunal Constitucional decidió en dos sentencias, por unanimidad, fue que una norma que hacía tributar como ganancias la transmisión de un terreno, cuando en realidad el contribuyente había tenido pérdidas, era inconstitucional por confiscatoria.

Las dos normas forales son idénticas a la Ley Reguladora de Haciendas locales en la regulación de la plusvalía municipal que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y confiscatoria. Por esa razón, cuando el Tribunal aborde las varias cuestiones de inconstitucionalidad que hay pendientes sobre la ley estatal, no hay ninguna duda de lo que el Tribunal decidirá: lo mismo. Esto tiene dos consecuencias evidentes: hay que modificar la regulación de un impuesto que estos momentos es, sin ninguna duda, inconstitucional y confiscatorio, y por supuesto hay que devolver los impuestos cobrados indebidamente a los contribuyentes.

Por esa razón el pasado miércoles, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, llevó una proposición no de ley a la Comisión de Hacienda del Congreso. En esa proposición instábamos tres cuestiones de puro sentido común: modificar el tributo de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, devolver el dinero cobrado indebidamente a los contribuyentes, y, por último, que la Agencia Tributaria comunicase los datos a los ayuntamientos y a los contribuyentes.

En estos momentos, los propios ayuntamientos no saben si a los contribuyentes a los que han cobrado las plusvalías han tenido pérdidas o no. Sin embargo, estos contribuyentes deben declarar la minusvalía en las ventas de inmuebles, incluyendo la referencia catastral que identifica el inmueble, y el municipio en el que radica. Con esta información, los ayuntamientos pueden comenzar a devolver, incluso de oficio.

Francamente, no pensaba que fuésemos a tener ningún problema para sacar adelante nuestra propuesta, que era un paso previo para poder comenzar a modificar las leyes. Me equivocaba, no contaba con la actitud del partido en el Gobierno, el PP. Por supuesto, estábamos dispuestos a negociar, así que admitimos la enmienda del PSOE que instaba a que se le diese apoyo a los ayuntamientos, y que todo esto se tuviese en cuenta en la reforma de las Haciendas locales, garantizando que los ayuntamientos, en términos globales, no perdían recursos.

La aportación del PSOE era razonable, y la incorporamos al texto, pero, en cualquier caso, a los contribuyentes tiene que devolverles quién les ha cobrado indebidamente, es decir los ayuntamientos, que no se pueden financiar con impuestos inconstitucionales y confiscatorios.

Sin embargo, el PP se quedó solo votando contra el Tribunal Constitucional y los derechos de los contribuyentes a que no se les aplique un impuesto inconstitucional y confiscatorio. Para el PP, según manifestó su portavoz, no era urgente proceder a las devoluciones, ni tampoco se debía modificar específicamente la regulación de las plusvalías. De hecho, el grupo formuló una enmienda, que por supuesto no admitimos, en la que no se instaba a cumplir las sentencias, sino solo a estudiar sus efectos. Finalmente, nuestra proposición se aprobó con la abstención del PNV, el voto en contra del PP, y el voto a favor de todos los demás grupos.

A partir de ahora, habrá que cumplir las sentencias, y además intentar evitar una avalancha de casos en los Tribunales, que por supuesto los contribuyentes ganarán. Para eso, como incluimos en nuestra proposición, habría que arbitrar un procedimiento similar al de las cláusulas suelo.

El PP debería recapacitar porque no se puede exigir a los demás respeto a las sentencias del Constitucional, por ejemplo a los separatistas, y votar en contra de su cumplimiento. Pero también deberían ser conscientes de que no podemos hacer pasar a los ciudadanos y a las empresas un vía crucis para recuperar un dinero que nunca se les debía haber cobrado.

En fin, lo primero que tendría que hacer el PP es aclararse. El lunes, la portavoz del PP en el ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, explicaba que tras un "estudio muy detenido", el PP había decidido proponer la supresión de un impuesto, la plusvalía municipal, que consideraba "injusto, confiscatorio y un atraco a los madrileños". Es hora de que se lo explique al grupo parlamentario popular, aunque solo sea porque es en el Congreso donde se puede cambiar la Ley de Haciendas Locales, y eso no se puede hacer votando contra el Constitucional y contra los contribuyentes.