La asfixia de la economía catalana

El Parlament catalán aprobó ayer unos nuevos Presupuestos que, sin duda, serán recordados, en primer lugar, por lo rocambolesco de la propia votación. Nunca antes una sesión de este tipo se había iniciado con el reparto de una nota, elaborada por los servicios jurídicos de la Cámara, en la que se alertaba de la ilegalidad de las cuentas, tal y como ahora están redactadas.

No en vano la presión de la CUP ha forzado la inclusión de partidas destinadas a la celebración de un referéndum secesionista que ya ha sido declarado "inconstitucional" y "antiestatutario". Pero todos los diputados de Junts pel Sí y dos del partido antisistema hicieron caso omiso de la advertencia y dieron vía libre a unos Presupuestos que también pasarán a la historia por su marcado carácter lesivo para las empresas que operan en Cataluña.

Ellas están en el punto de mira de la ofensiva fiscal de la Generalitat, ya que aportarán el 70% de los hasta 250 millones en ingresos que el Govern prevé obtener de los nuevos impuestos que las cuentas aprobadas implantarán.

Tienen difícil escapatoria considerando el amplio espectro que estos gravámenes abarcan (desde los refrescos hasta la grandes superficies, pasando por el turismo o el sector energético). En idéntica situación se hallan los ciudadanos quienes, muy probablemente verán cómo estos tributos motivan encarecimientos de los productos que consumen.

Se trata de un paso temerario para una autonomía que, desde hace años, se encuentra sometida a una presión fiscal de las más altas de los territorios de la OCDE. Si a ello se suma la incertidumbre que provoca la irresponsable deriva secesionista, sólo cabe concluir que la Generalitat aboca a la economía catalana a su asfixia.