Lecciones del vertedero ilegal de Seseña

El pasado viernes 13 de mayo nos levantamos con las noticias sobre el fin del plazo para presentar coaliciones a las elecciones generales del 26 de junio, el final de la Liga, el concurso de Eurovisión y un pavoroso incendio en Seseña (Toledo). Este último suceso tuvo lugar en un vertedero con 90.000 toneladas de neumáticos situado entre las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

Todos los medios destacaron que este vertedero ejercía su actividad de forma ilegal y que su responsable había sido condenado a la gestión de sus residuos y a 3 meses de cárcel. Esas 90.000 toneladas de neumáticos usados eran una importante fuente de recursos materiales y energéticos que se han vaporizado en forma de calor, dióxido de carbono y cientos de toneladas de sustancias, algunas de ellas cancerígenas.

Además, cuando se extinga el fuego, quedará un suelo lleno hidrocarburos que será necesario descontaminar. A esto hay que sumar las incomodidades a los vecinos y el coste de los servicios de extinción, que dejarán la estimación de 5 millones de euros que habría costado la gestión de los neumáticos en "calderilla".

¿A nadie le interesa?

Los que trabajamos en la gestión de residuos sabíamos que este incendio podía suceder, y también alertamos de que se pueden materializar otras situaciones de riesgo para la salud y el medio ambiente en toda España. Es un ejemplo más de la deficiente aplicación de la legislación de residuos.

De hecho, el proyecto European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), una investigación europea sobre criminalidad ambiental, relaciona este tipo de sucesos con la diferente aplicación de la legislación y la insuficiencia de las penas. A esto, los gestores de residuos añadiríamos la dispersión de competencias y la lentitud en la aplicación de las sanciones y penas.

El gran problema que tenemos en España es el desinterés político y social por todo lo relacionado con el medio ambiente y, específicamente, por las cuestiones relacionadas con los residuos. Prueba de ello es el escaso presupuesto y las escasas dotaciones en medios humanos con los que cuentan los servicios autonómicos dedicados a esta cuestión. Y en pleno clima electoral, apenas si encontramos menciones a estos temas en los programas de los partidos políticos. Aplicar la legislación y amenazar con inspecciones, controles y sanciones debe ser que no da muchos votos.

Delinquir hoy en cuestiones relacionadas con la gestión de residuos no es difícil y compensa económicamente porque el control es escaso, especialmente con las actividades ilegales. Este control está fraccionado en cada territorio autonómico. Un residuo puede salir de una comunidad escapando al control de su Administración correspondiente y la trazabilidad se realiza con tantas aplicaciones electrónicas como autonomías existen en el país.

Si a eso le añadimos que la interacción entre las mismas es escasa y que, aunque se detecte la ilegalidad, la aplicación de las sanciones administrativas y penales es lenta -con una cuantía que nunca supera al beneficio que se obtiene mediante la gestión incorrecta- ya tenemos el coctel servido.

Engañando al sistema

Actualmente nos encontramos con varios casos recurrentes de malas prácticas en la gestión de los residuos. Uno es hacer perder la trazabilidad de los residuos haciéndolos pasar por varios gestores en distintas regiones para, posteriormente, llevarlos a tratamientos no autorizados.

Algunos de estos tratamientos no autorizados son colar aguas residuales industriales en depuradoras de aguas urbanas, mezclar residuos peligrosos con otros residuos en vertederos de residuos urbanos y de residuos de construcción y demolición, o también el viejo recurso de que una empresa acumule ilegalmente residuos en un lugar sin acondicionar. Posteriormente, cuando se le reclama su gestión, esta empresa desaparece, dejando ese problema ambiental al gobierno autonómico correspondiente para que la gestión de esos residuos privados se realice con dinero público.

Los gestores de residuos queremos llamar la atención de estos casos para que no vuelva a ocurrir un asunto como el de Seseña. Por un lado, es necesario que las cuestiones ambientales sean prioridad en la agenda política. También se deben estrechar la colaboración entre administraciones autonómicas, unificar los criterios, dotar de recursos a sus órganos competentes en residuos, aplicar la legislación de forma homogénea y sancionar con más dureza para que delinquir no compense.

Por otro lado, sería fundamental que el productor del residuo adquiriese una responsabilidad mayor sobre su residuo hasta el tratamiento final del mismo.

Mucho nos tememos que, cuando el fuego se extinga en Seseña, no habremos aprendido ninguna lección. Todo seguirá igual y, el próximo otoño, los presupuestos nacionales y autonómicos continuarán dejando de lado las cuestiones ambientales. Esta semana habrán apagado el fuego, los candidatos ya han presentado sus coaliciones electorales y continuarán sin tener en cuenta lo que recomendamos en esta tribuna.

Al menos podemos respirar tranquilos, porque ya sabemos que el Barcelona ha ganado la Liga y que la cantante de Ucrania ha ganado Eurovisión.