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Densa niebla sobre el sector automovilístico


    Ernesto Martínez

    Una densa niebla de dudas sobrevuela el sector automovilístico europeo desde que saltara a la luz el fraude de los motores trucados de Volkswagen. Ésta y otras marcas están siendo investigadas por varios países para conocer el alcance de un caso con importantes implicaciones.

    Entre las posibles consecuencias están una previsible lluvia de demandas; multas e indemnizaciones por millones de euros; probables responsabilidades penales por estafa y fraude; la responsabilidad y el esfuerzo económico de revisar millones de coches; dimisiones; caída del valor de las acciones...

    En el caso Volkswagen, casi 80 años de trabajo se han visto gravemente afectados, y la confianza de consumidores e inversores, difícilmente cuantificable, puede afectar de forma catastrófica a todo lo que se puede medir.

    ¿Qué ha podido fallar? Este devastador suceso para la reputación de un icono del automovilismo mundial ¿ha sido obra y responsabilidad de unos ingenieros presionados por una exigente normativa, o de unos directivos ávidos de ganar cuota de mercado? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades? ¿Se trata de un fallo en la cultura corporativa? ¿Dónde está el límite ético a la hora de conseguir resultados económicos?

    Este caso refuerza la importancia de establecer un entorno de control dentro de las organizaciones que defina cómo se debe operar y que influya realmente en la forma de actuar de las personas. La ausencia de un entorno de control adecuado ha causado enormes fracasos empresariales, por lo que lograr la solidez del mismo es más importante que nunca. Es lo que esperan los grupos de interés de cualquier organización, lo que exigen reguladores y supervisores, y a lo que debe aspirar cualquier compañía si quiere ser sostenible.

    Para lograrlo es fundamental la implicación del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad para impulsar este entorno de control teniendo, a su vez, la responsabilidad legal de supervisarlo.

    Hay siete aspectos que marcan la fortaleza del entorno de control: definir e inculcar a toda la organización la cultura y los valores corporativos; que el Consejo ejerza la supervisión del sistema de control interno y gestión de riesgos con independencia de la Dirección; una estructura organizativa definida y comunicada; políticas de recursos humanos que reflejen el cumplimiento de objetivos, el sistema de incentivos y la competencia profesional; la planificación de la sucesión en puestos clave; la asignación de la autoridad y responsabilidad para la toma de decisiones; y disponer de mecanismos para adaptarse y gestionar los cambios.

    La auditoría interna juega en este punto un papel fundamental, ya que el Consejo necesita un equipo de personas con visión global de la compañía que realice su trabajo con independencia y objetividad para detectar debilidades y proponer mejoras, evitando situaciones que amenacen a las organizaciones, tanto financiera como reputacionalmente. Según la guía Gestión del riesgo de fraude: prevención, detección e investigación, editada por La fábrica de pensamiento, el laboratorio de ideas del Instituto de Auditores Internos de España, es la alta dirección quien debe establecer el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad y evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos inherentes a la actividad de la organización. Así se podrá gestionar el riesgo de fraude y aplicar procedimientos de detección y prevención.

    Cualquier comportamiento potencialmente delictivo o inmoral, sea cual sea su fin, es inadmisible, y asumir los riesgos que puedan provocar ese comportamiento, inaceptable.

    Las consecuencias que puede tener un escándalo que provoca el deterioro de la reputación de una empresa, y la pérdida de confianza de sus grupos de interés, pueden ser incalculables. Es imprescindible analizar los riesgos y sus consecuencias, establecer un control riguroso de la información financiera y no financiera, e implantar un programa efectivo de ética y cumplimiento que promueva unos valores apropiados entre todos los empleados, incluyendo a la alta dirección, que prevenga y ayude a detectar prácticas fraudulentas.

    En el caso de Volkswagen, sus máximos responsables y todos los empleados tienen un duro camino por delante para recuperar la confianza de la opinión pública, que pasa por determinar las responsabilidades que deben ser asumidas, resarcir los daños causados, aportar información transparente sobre el proceso y poner todos los medios para que algo así no ocurra de nuevo.