El reto separatista, más cerca del final

Semana clave para la democracia española, con unos hechos concatenados inauditos. El Parlamento de Cataluña aprobó el lunes por 72 votos a favor y 63 en contra una declaración de inicio de separación del resto de España, con desconexión de la legalidad española. El Gobierno de España, tras el informe favorable del Consejo de Estado, impugnará esta declaración ante el Tribunal Constitucional, que suspenderá aquella declaración. 

El Gobierno de España podría también acordar otras medidas de protección del Estado de derecho, y en particular de los derechos de los catalanes, como ejercer la dirección de la policía y de las finanzas del Gobierno de la Generalitat. Al consumarse, la rebelión de los separatistas catalanes será desarticulada por el Estado. De esta suerte, se producirá un cambio cualitativo: la reversión del desafío de los independentistas catalanes a la democracia española. A partir de aquí el ocaso del separatismo catalán habrá de precipitarse.

Naturalmente, estos acontecimientos (declaración, impugnación y suspensión, así como acaso sujeción de la policía y las finanzas regionales y otros que vayan a producirse) son sobresalientes en la historia de España y son excepcionales en la historia de los países democráticos. No es momento aún para analizar por qué Cataluña y el conjunto de España llegaron a esta situación crítica y, en particular, si intervenir antes hubiera sido menos costoso para la política, la economía, la sociedad y las personas. Sin duda, la parálisis del Estado español confirió impunidad y ésta dio alas y energía a los independentistas catalanes.

Todo ello hizo un enorme daño a los catalanes y a la democracia española. La escasa vocación o capacidad de los sucesivos gobiernos de España para restablecer la legalidad en el gobierno de la Generalitat llevó a una degradación paulatina del Estado de derecho y de la convivencia en Cataluña. En este contexto, los hechos de esta semana suponen sin duda un cambio de orientación completo. Pero no prejuzgan el ritmo que vayan a tomar los acontecimientos y, en particular, qué tiempo va a requerir el pleno restablecimiento del Estado de derecho y de la convivencia.

Restablecer la legalidad era y sigue siendo una condición sine qua non. Pero no será suficiente para acabar con el independentismo catalán. Rehacer la lógica y la práctica del Estado de derecho será largo. La tarea de zurcir cuanto los separatistas rajaron impunemente y de manera tan eficaz como descarada desde septiembre 2010 será dilatada y costosa. Será también un lastre para la economía, la sociedad y la política catalanas y españolas.

En este otoño 2015 la democracia española está pasando su reválida. En términos médicos y financieros, diríamos su test de stress y resiliencia. Las elecciones catalanas del 27-S y las españolas del 20-D son, dicho ahora en términos académicos, como los exámenes teóricos, y el 9-N y días subsiguientes son algo así como el gran examen práctico de esta reválida. Confiamos en que la democracia española superará finalmente sus pruebas, especialmente si la calificación que obtenga en las elecciones del 20-D es excelente.

Por lo demás, en las últimas semanas el Gobierno se ha arropado muy bien con las fuerzas políticas y sociales, prefigurando una gran coalición para superar el desafío separatista. Vista su preparación para el examen práctico de esta semana, parece que la democracia española tiene la posibilidad, no sólo de pasar su reválida con un aprobado, sino de obtener una buena calificación global. Que el Estado alcance excelencia en esta reválida no será baladí, puesto que ello le permitirá luego desempeñarse bien al servicio de la libertad y del progreso de los españoles. Pero si el Gobierno español resbalara o se descuidase, el riesgo catalán se reavivaría. En este otoño 2015 en Cataluña y más allá hay mucho rastrojo que puede ser pasto de las llamas, hay mucha energía política.

Finalmente, dos conclusiones cabe extraer de la presente crisis catalana. Una es clarísima: democracia es imperio del derecho. La otra es meridiana: la democracia más débil es aquella que no se defiende. Por ello, al preservar con la ley la vigencia del Estado de derecho, la democracia española se afianzará, crecerá en calidad y en su potencial protector y civilizador.