Firmas
Canto del cisne del proceso secesionista
- La competencia para decidir la ruptura no está en el Parlamento catalán
Santiago González-Varas
Sobre la pasada declaración política, no jurídica, de independencia, ¿qué decir? Primero, lo principal: falta legitimidad. Reiteradamente el propio señor Mas declaró que, para una hipotética independencia, se precisaba no solo el cincuenta por ciento de los votos, sino una mayoría incluso más amplia. Pues bien, ni siquiera ganaron por mayoría. Es decir, ya que al parecer solo sirve (en esta discusión) el aspecto democrático-emocional de los votos (y se relegan aspectos históricos y racionales y de sentido común) el caso es que no se alcanza una mayoría de gente. Dentro de las propias reglas del juego, puestas "de contrario" (como se dice en las demandas y contestaciones de demandas), ha fracasado la legitimidad democrática del proceso. Este es el quid: no es legítimo ni democrático. Por cierto, obtuvieron un cuarenta y tantos por ciento de los votantes. La abstención también es un factor, porque en esto se precisa el sí claro, y cuentan a la contra los que se quedan callados. Por si fuera poco, la legitimidad real pasaría por restar todos aquellos que, dentro de la minoría del cuarenta y tantos por ciento, han expresado un simple "deseo" de independencia y que no compartirán verse envueltos en un proceso de "confrontación" para ellos y sus familias. Por cierto, con actuar de forma legítima y cesar las agresiones se evitan los problemas, con lo cual es claro que la provocación no viene de este lado.
Segundo, la decisión es ilegal. Es algo tan sencillo como observar el conjunto de artículos de la Constitución española, del primero al último relacionables con este asunto tan pelmazo. Entre Administraciones (y de esto sé un poco) rige un principio de "competencia". Y hoy por hoy la competencia para decidir la unidad o ruptura de España no reside en el Parlamento catalán. La legalidad no es un prurito o capricho intelectual. Es la expresión de hechos y evoluciones históricas. A esto se suma la legalidad europea y la legalidad internacional. Legalmente lo que hay que hacer lo sabe hasta un estudiante de derecho: artículos 162 y 155 CE y Código Penal.
Tercero, políticamente, estamos ante "el canto del cisne" de este proceso. Han perdido las elecciones y se está "abusando" de la confianza otorgada y abusando del derecho de tener mayoría ficticia pero no "natural" en el Parlamento para repercutir contra más de la mitad de votantes y los que se han abstenido.
Cuarto, el argumento de los simpatizantes de Convergencia (de hacer ver que en España los jueces no son suficientemente independientes) es pueril, aunque solo fuera considerando que no solo políticos de tal partido tienen causas con los tribunales de justicia penal. Más bien parece que la justicia, como a veces ocurre, ha venido siendo demasiado blanda allí, en comparación con su rigurosa aplicación contra alcaldes y políticos de municipios por toda España donde se actúa a veces con especial dureza.
Quinto, en lo racional, el argumento jurídico-comparado es clave. Cataluña ha de tener en España los mismos derechos que Baviera en Alemania, o el país catalán francés en Francia... que ni siquiera existe. En esto es importante no acudir a ejemplos exóticos, sino a ejemplos acordes a postulados metodológicos de Derecho comparado: Alemania, Francia o Italia son los referentes de casos que sumaron territorios para hacer una nación única.
Sexto, sobre las posibles reformas no veo una necesidad imperiosa de tales reformas, además de que se entra en procesos inciertos o arriesgados. Creo que es momento de unidad después de tantas tendencias disgregadoras. Eso sí, se echa en falta que la voz de juristas o expertos en general llegara más a la sociedad, porque hay un monopolio de unos cuantos políticos y periodistas en televisión en cuanto a la transmisión de ideas socialmente relevantes o de impacto y se está desaprovechando las potencialidades de la sociedad civil en general.