¿A quién beneficia la secesión?
- Piden a los catalanes que sacrifiquen su presente por un futuro evanescente
Fernando P. Méndez
La lógica fatal del secesionismo conlleva que, gane quien gane, todos perdemos. El día después una parte importante de la sociedad catalana se sentiría profundamente frustrada. Inoculada la fatal lógica secesionista desde las más altas instancias políticas catalanas tardaremos lustros, si no décadas, en cicatrizar la fractura humana abierta.
Y si gana la secesión además se sentirá frustrada la inmensa mayoría del resto de la sociedad española, la cual se siente íntimamente unida a su parte catalana, no solo por intereses compartidos, sino también por los lazos afectivos y la conciencia de un "nosotros" que los nacionalismos han ido minando con tenacidad subvencionada.
En efecto, lo han hecho, además, ante la impasibilidad, cuando no la complicidad, de todos los gobiernos centrales, especialmente de aquellos que han recurrido a su apoyo parlamentario, los cuales han realizado, a cambio de apoyos para asuntos menores, concesiones de alcance que han permitido a la facción secesionista de la clase política catalana ir construyendo un "nosotros" distinto y excluyente del "nosotros" español, sin el cual nada de lo que está sucediendo sería posible.
Son diversos -y de diversa naturaleza- los factores que nos han conducido hasta aquí. No es mi intención analizarlos en este artículo. Sí quiero llamar la atención, sin embargo, sobre un hecho al que, a mi entender, no se le presta la suficiente atención: la propaganda secesionista da por supuesto que todos los ciudadanos catalanes salen ganando con la secesión.
El argumento es muy simple: "Nosotros haremos las cosas mejor". En realidad, ni siquiera es un argumento -puesto que no se razona por qué se harían mejor- y, además, la experiencia nos dice que no suele ser así, como atestigua la pobre gestión exhibida durante años -especialmente los de más dificultades- sino una simple afirmación sin evidencia alguna que la respalde.
Vamos a dar por supuesto lo que es más probable, que lo harían más o menos como lo vienen haciendo. Partiendo de esta suposición, ¿quién ganaría y quién perdería dentro de Cataluña tras una eventual secesión? Sin afirmarlo explícitamente, la propaganda secesionista da por supuesto que todos los catalanes ganarían. A lo más, admite que a corto -y, quizás, a medio- plazo lo pasarían mal, pero que a largo plazo las cosas irían mejor que si no se consuma la secesión.
Por lo que se refiere al corto -y, quizás, al medio- plazo las cosas empeorarían. Eso no lo duda nadie. Por lo que se refiere al largo plazo, prescindiendo del detalle sin importancia de que todos estaremos muertos, como ya observó Keynes en su momento, no hay argumentos sólidos. En síntesis, la facción independentista de la clase política catalana pide que los ciudadanos catalanes de hoy sacrifiquen su presente -o, lo que es lo mismo, que renuncien a juzgar su gestión política- a cambio de un evanescente mejor futuro para los ciudadanos catalanes de mañana, futuro que, según su mensaje subliminal, está garantizado porque, y solo porque, mediante la secesión queda asegurado que esa facción gobernaría el principado sin molestia alguna, lo que constituye la única condición para que el esplendoroso futuro que se promete vea la luz.
Por ello, es de una importancia decisiva analizar correctamente quién ganaría y quién perdería dentro de Cataluña con una eventual secesión. ¿Ganaríamos los ciudadanos en tanto que ciudadanos? Ahora elegimos a todos nuestros niveles de gobierno -local, autonómico, estatal y europeo-, los dos primeros en exclusiva y los segundos junto con los demás ciudadanos españoles y europeos, respectivamente. Aunque solo sea por ello, no se puede afirmar que seamos unos ciudadanos oprimidos precisamente. No obstante, de entrada, tras la secesión no podríamos participar en la elección del Parlamento ni, por tanto, del Gobierno español. Tampoco en la elección de los parlamentarios europeos, ni tendríamos ningún comisario que representara nuestros intereses en Bruselas, al menos, de entrada?, y probablemente por un tiempo más largo que corto y de transcurso muy doloroso.
Puede argumentarse que no importa, porque el poder autonómico catalán se habría convertido en estatal, adjetivo milagroso que, cual bálsamo de Fierabrás, todo lo sana. Craso error, para los ciudadanos sí importa y mucho, porque perderían derechos políticos, contrariamente a lo que publicita la facción secesionista de su clase política, la cual tendría más presupuesto y, además, más poder político, pero -y esto conviene subrayarlo- solo sobre los ciudadanos de Cataluña, y a costa de que estos perdieran posiciones en relación con los demás conciudadanos españoles y europeos. Dicho poder lo incrementaría porque se evitaría tener que competir dentro de una clase política más amplia. Si partimos del supuesto de que continuaría actuando como suele -y es difícil que sea de otro modo- los ciudadanos no obtendríamos tampoco ventaja alguna.
Este último inconveniente suele negarse afirmando que España es un factor retardatario para el progreso económico catalán. ¿Es esto cierto? En primer lugar, debemos observar que esta afirmación suelen hacerla políticos secesionistas y adláteres, pero no empresarios, comerciantes o profesionales que, sin embargo, son los que están en mejores condiciones para hacer afirmaciones de este tipo y, de hecho, las hacen, a su modo: desde que el secesionismo anunció su órdago, más de mil empresas han trasladado su domicilio fuera de Cataluña. En segundo lugar, si la solución a los males que nos aquejan fuera la independencia, entonces los países independientes de la Unión Europea, por ejemplo, no deberían tener problemas. Sin embargo, no es así. En tercer lugar, observamos que las regiones más ricas de Europa no son Estados independientes, sino regiones que forman parte de Estados independientes a los que contribuyen a conformar y sobre los cuales ejercer una notable influencia.
Esta última observación nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión: prescindiendo de otros factores, ¿tales regiones son ricas a pesar de que forman parte de Estados independientes o precisamente por ello? No es posible responder en un artículo de estas dimensiones, pero todo parece indicar que estamos ante juegos de suma positiva, no de suma cero, mucho menos aún, negativa. Por lo que se refiere a Cataluña, está claro que ha influido, e influye, en alto grado en la política general española y, a través de su influencia sobre el Gobierno español -gracias a formar parte de España-, puede influir en la política general de la Unión Europea probablemente en un grado mayor que si, tras la secesión, se articula como un Estado independiente. Madrid suele ser más débil -y más cómplice- que Bruselas en relación a Barcelona, pero más fuerte que Barcelona en relación a Bruselas y, en todo caso, suministra un colchón en el que a Barcelona aún le queda cierto margen de maniobra.
Por último, el exabrupto del "España nos roba" no se tiene en pie. Los ciudadanos de Cataluña pagan sus tributos al Estado de acuerdo con las mismas leyes que los demás ciudadanos españoles y, por lo tanto, no pagan al Estado más, sino lo mismo que los demás. Cuestión distinta es que el Govern de la Generalitat haya subido prácticamente todos los tributos sobre los que tiene competencia en mayor medida que muchos de los gobiernos de las restantes comunidades autónomas, y más que cualquier otro Gobierno de una comunidad de renta equivalente o superior, lo cual es de su exclusiva responsabilidad, pues es una consecuencia directa de una política al servicio de los intereses de una facción de la clase política catalana.
Naturalmente, los gobernantes secesionistas -como todos los gobernantes en situaciones similares- tratan de derivar sus responsabilidades hacia otras instancias. Así, se nos dice que el déficit de Cataluña, de su deuda y de la subida de tributos de su competencia, no se debe a que el Govern sea despilfarrador, sino a un mal sistema de financiación -algo en permanente discusión y, en todo caso, pendiente de una revisión generalizada- y a que el Gobierno central invierte en Cataluña menos de lo que debería.
Para aceptar esta última argumentación debería justificarse. Primero, la mayor recaudación teóricamente posibilitada por una subida autonómica de tributos se destina a realizar inversiones que el Estado debería hacer y no hace. No se ha ofrecido ninguna prueba al respecto, pero sí se ha gastado a manos llenas en, por ejemplo, construir un "nosotros" distinto enfrentado al "nosotros" general español, sin lo que el secesionismo no tiene la menor posibilidad de éxito. Segundo, Cataluña es discriminada sistemáticamente por el Estado en cuanto a inversión pública, en relación a las demás regiones ricas de España, esto es, aquellas cuya renta está por encima de la media europea o, al menos, de la media española. No sé si se produce este hecho, pues hay muchos aspectos que no han sido suficientemente analizados, pero si así fuera debería corregirse, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo. Tercero, las regiones ricas en España sufren una excesiva falta de inversión pública e, inversamente, las menos ricas están siendo excesivamente subvencionadas. Esta es otra cuestión que debe ser debatida porque, de ser así, sería negativo para todos. Y este no sería, en su caso, un debate Cataluña-España, sino un debate general que debe ser realizado con rigor desde una perspectiva también general, considerando la mejor solución para todos los intereses en juego. Probablemente, este es el debate real pendiente.
Por último, no debería ocultarse a los ciudadanos que cabe la posibilidad de que la secesión no conlleve ningún "ahorro" fiscal -tal y como se da alegre y frívolamente por supuesto- sino que, por el contrario, la estatalidad a la que por sí sola se fía todo el bienestar que se promete podría conllevar costes superiores a las "transferencias fiscales" actuales -mucho menores que las que proclaman los secesionistas, como han demostrado Borrell y Llorach, por ejemplo- pues no debe olvidarse que construir un Estado conlleva unos costes muy superiores a formar parte de un Estado organizado y descentralizado, a cambio de unos beneficios que, para los ciudadanos, no solo no se concretan en términos económicos, sino más bien lo contrario: en términos de pérdida de poder político real, pero que para la clase política catalana, especialmente para su facción independentista, se concretaría en términos de aumento de su poder sobre los ciudadanos de Cataluña, aunque de pérdida de poder real de estos en relación a los demás conciudadanos europeos.
¿Serán los ciudadanos de Cataluña más libres y más prósperos con una clase política independizada de la del resto de España? Es claro que no serán más libres, sino menos, porque elegirán menos instancias de poder y perderán influencia. En cuanto a la prosperidad, la respuesta no parece que pueda ser muy optimista en el corto plazo, sino todo lo contrario, incierta e impredecible en el largo plazo y, en ambos, pese a las apariencias, los ciudadanos no habrán visto aumentado, sino disminuido su poder político real a favor de la nueva clase política dominante, puesta a cubierto de los riesgos que para ella implica la competencia con el resto de la clase política española.
Los ciudadanos necesitan un liderazgo real capaz de contribuir a resolver, en vez de agravar, los problemas reales en lugar de falsos profetas que intenten sobrevivir agitando señuelos sin cesar.