Sí, el acceso Internet es un derecho

Periódicamente, hoy lo ha hecho UGT, alguna persona o institución propone en España medidas para garantizar el acceso a Internet, ya sea en forma de tarifa regulada, subvención estatal o cualquier otra fórmula. Y con idéntica periodicidad se activa el sentido común de los ciudadanos para clamar contra lo demandado, porque no quieren más impuestos, porque no quieren más intervencionismo, porque no quieren dar espacio a la picaresca o, sobre todo, porque "hay cosas más importantes", siempre "hay cosas más importantes" y siempre coinciden con las que le afectan a uno mismo.

Digo que se activa el sentido común y no con la connotación positiva que casi siempre le acompaña sino por la simplicidad y superficialidad que caracteriza el sentido común. Uno piensa en el adolescente medio, tirando su tiempo a la basura en Youtube entre vídeos de gatos y jamonas haciendo 'twerking' y automáticamente decide que Internet no puede ser un derecho sino un frívolo pasatiempo. "En mis tiempos no había Internet y podíamos hacer de todo". Efectivamente, y en el medievo no había motocicletas y no solo se desplazaba la gente sino que a nadie le multaban por no llevar casco. Los tiempos cambian y, por extensión, las necesidades, derechos y obligaciones.

El derecho a acceder a Internet es un derecho humano proclamado por la ONU en 2011 y recogido en la legislación española desde ese mismo año. Los motivos se escapan al sentido común elemental pero se encuentran a poco que uno rasque. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la información? ¿Dónde puede uno expresarse y 'reunirse' junto a sus conciudadanos? A simple vista, el acceso a Internet es la vía más eficiente para dar cumplimiento a los artículos 20, 21 y 44 de la Constitución Española, por mencionar algún caso obvio.

¿Y el trabajo? ¿Se puede buscar trabajo sin acceso a Internet? ¿Se puede estudiar en la universidad sin acceso a Internet? Poderse se puede, se hizo hasta hace poco pero el medio millón de ciudadanos españoles que según el INE no tienen acceso a Internet están en una posición manifiesta y terriblemente desventajosa. Por mencionar una estadística reciente de las muchas que pueden encontrar en un sentido similar, el 73% de los departamentos de recursos humanos buscan a los trabajadores en las redes sociales. Aunque claro, igual los que dicen que Internet no es un derecho, tienen trabajo con descolgar un teléfono. Es normal que no acaben de verlo.

Libertades positivas y negativas

El debate aquí, me van a perdonar, no es si es o no un derecho, sino cómo garantizarlo. Internet ha demostrado sobradamente ser un vehículo esencial para el ejercicio de libertades esenciales. Y me da igual que el beneficiario de turno dedique su conexión a estupideces, también hay quien usa la libertad de información para hablar de las bragas de la Pantoja y no por eso hemos recortado la Constitución.

El debate, como decía, es el eterno debate entre las libertades positivas y las negativas, grosso modo, las libertades garantizadas de manera directa por el Estado o las que dependen de la capacidad del individuo para adquirirlas (sin intromisión ni obstáculos por parte del Estado). Eso lo podemos debatir y buscar la mejor solución, un mercado muy libre que ofrece precios bajos por efecto de la competencia o un mercado muy regulado que ofrece precios bajos por mandato estatal. En EEUU, que no es un país especialmente intervencionista, acaba de iniciarse un programa (Connect Home) por el que Google, en colaboración con el Gobierno Federal, llevará conexión de fibra a 275.000 hogares de manera gratuita. En España el acceso a Internet es aún una libertad negativa, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida para pagar la tarifa de turno mientras que sin embargo existen tarifas sociales de teléfono, luz y otros suministros básicos.

Así que sí, Internet es un derecho, porque lo dice la ONU, porque lo dice la legislación española y porque privar a alguien de una herramienta tan central es poco menos que condenarle al ostracismo. Hay que tener esto claro, o nunca nos pondremos de acuerdo en el modo de lograr que sea un derecho efectivo.