Controversia en el modelo colaborativo

Los conflictos tecno-científicos son un poderoso instrumento de transformación social. Su resolución marca, de alguna forma, el progreso de la humanidad. Piénsese, por ejemplo, en las discusiones centenarias entre partidarios de las teorías aristotélicas y ptolemaicas sobre el universo o, sin ir más lejos, las actuales sobre los límites en la investigación genética.

Históricamente, estas controversias tecno-científicas se resolvían dentro de la propia comunidad científica, proyectando hacia el exterior una imagen de consenso o ausencia de controversia. Con la democratización de las sociedades, estas discusiones se han abierto y se trasladan al ámbito político y social.

Para su resolución se recurre a la ciencia reguladora o a comités de expertos asesores de los órganos legislativos. Las modernas teorías de la construcción social dan incluso un paso más y proponen la participación de todos los actores implicados, incluida la ciudadanía, con el fin de democratizar más la toma de decisiones y fomentar la profundización del debate social.

Hoy tenemos sobre la mesa la controversia en torno a la regulación de la economía colaborativa que, si bien no es un conflicto tecno-científico, está generando polémica en torno al nuevo modelo económico que propone. Las particulares características de esta controversia hacen que sea un caso idóneo para aplicar las teorías de la construcción social fomentando la participación en el proceso legislativo de todas las partes implicadas en la misma.

Sobre Uber y Airbnb

Los dos ejemplos clásicos que ilustran esta controversia son Uber (ride-sharing) y Airbnb (home-sharing), frente al sector de transporte de personas y de alojamiento turístico, respectivamente. Por un lado, las plataformas digitales defienden esta nueva tendencia basada en el uso compartido y responsable de bienes y servicios entre usuarios (peer to peer o P2P).

Por otro lado, los sectores tradicionales defienden una aplicación homogénea de las normas reguladoras de sus respectivos sectores. Por último, los usuarios piden también un marco normativo adaptado a su actividad como usuario "micro-emprendedor" de estas plataformas P2P. Ciertamente, los sectores tradicionales no son los nuevos luditas que reaccionaron frente a la modernización textil de la Revolución Industrial, ni las plataformas digitales P2P de economía colaborativa son la forajida Unión Carbide. Tampoco los usuarios/micro-empresarios son unos legos en la materia.

El pasado mes de enero 2015 la CNMC impulsó un procedimiento de consulta pública sobre la economía colaborativa abierto a todo el mundo. Asimismo, el pasado 4 de marzo de 2015 el Parlamento de Cataluña creó la Comisión de Estudio de las Políticas Públicas en Materia de Economía Colaborativa para elaborar un documento final con propuestas legislativas. El plan de trabajo de esta comisión parlamentaria incluye comparecencias de expertos y representantes de empresas de economía colaborativa.

De hecho, el pasado 21 de abril comparecieron reconocidos expertos, como el consultor digital Miguel Ferrer; el 26 de mayo representantes de Social Car, Uber, BlaBlaCar, Airbnb y la Asociación de Vecinos Anfitriones de Barcelona; y, en próximas sesiones, de Ticketbis, Trip4real, Kantox o Trenhub. Sin embargo, no consta programada ninguna comparecencia de representantes de los sectores tradicionales, aunque no sería aventurado pronosticar que, más adelante, éstas sí tendrán lugar junto con las de organismos reguladores.

Lo que parece no estar contemplado es la participación de los usuarios/ciudadanos, más allá de la antedicha consulta pública de la CNMC o de los mecanismos legales existentes. Sin duda, procesos que fomenten proactivamente la participación de todas las partes implicadas en una controversia, incluidos los ciudadanos, redundarían en la toma de decisiones políticas y legislativas más cohesionadas y democratizadas, basadas en un diálogo más abierto y objetivo permitiendo, además, una mayor profundización del debate social. Para ello, es imprescindible partir de una perspectiva más anglosajona en el sentido de entender el conflicto como una oportunidad de progreso y no como un problema.