'Puertas giratorias': "Consejos vendo..."

Desde que hace años leí que Pericles fue acusado por la asamblea ateniense de grandes sobrecostes en el Partenón, comprendí que ciertas cosas no iban a tener remedio. Ya entonces, había sospechas de que Pericles fomentaba que Fidias, el contratista, ganara más de lo debido. Pero a la corrupción política le faltaba un elemento importante, el consejo de administración, que es ese lugar en el que acaban algunos sentándose con el único mérito de haber ocupado un cargo público, que habrá quien piense que es mucho, pero vista la situación en que está España (e incluso México) desde la perspectiva de cómo podría estar, seguramente no es ninguno. La Administración es quien maneja más dinero. De hecho, es el principal cliente de casi todo y en determinados sectores el único cliente posible. Además, el afán por regularlo todo convierte al político en el factor determinante para ganar o perder en según qué actividades. A nadie que quiera hacer negocios de primera división se le ocurre formar un consejo de administración que no esté adornado por varios políticos y ex altos cargos. ¿Pero en la práctica, sólo están de adorno? Si hemos podido ver cómo hay quien estaba dispuesto a pagar miles de euros al mes sólo por conversar con un diputado de vez en cuando, que es como hablar con un pedacito de la soberanía nacional, ¿cómo es posible resistirse al privilegio que supone tener sentado en el consejo de tu empresa a un expresidente, exministro, exsecretario de estado o "exloquesea"? Porque, independientemente de que algunos de esos ex hayan arruinado al país en un momento dado, no tienen por qué haber hecho lo mismo con la empresa en cuestión y eso es muy de agradecer, ya que el BOE puede arruinar a cualquiera o hacerle rico y, de hecho, no para de hacer tanto lo uno como lo otro.

La ley que regula la incompatibilidad de actividades de los políticos, ya sea durante o después de ocupar cargos, ha sido reformada recientemente y entró en vigor el pasado 20 de abril. Según esta norma, un político que haya favorecido con sus decisiones a una determinada empresa, a los 2 años puede trabajar para ella sin cortapisa alguna, mismo plazo que regía con anterioridad. ¿Quién va a olvidar un favor en 2 años? Además, un político tiene agenda y, mientras no caiga en desgracia, suelen cogerle el teléfono a la primera. Que te cojan el teléfono también tiene su valor.

La posibilidad de que políticos puedan trabajar para empresas privadas reguladas o adjudicatarias de contratos públicos con una moratoria de tan sólo dos años no es de recibo a la vista del generalizado ambiente de corrupción. La deteriorada imagen y comportamiento ético de buena parte de nuestra clase política hubiera exigido un paso al frente por parte de la mayoría en el Congreso para alejar toda sospecha, pero han primado más los intereses personales y los asientos calientes que a muchos pronto les esperan que intentar, aunque sea un poco, transmitir que el espíritu de servicio del que tanto presumen va más allá de las palabras. Y aunque toda generalización resulte odiosa, cuando se avecinan cambios de ciclo los políticos en activo tienden a comportarse como las ratas que se salvan de un naufragio, y no sólo veremos en no mucho tiempo cómo determinados consejos de administración les acogen, sino que ya se están colocando en organismos internacionales o destinos de privilegio, interesantes y excelentemente remunerados a cargo, en este caso, del erario público. Espíritu de servicio puro y duro.

La línea divisoria entre los grandes intereses económicos y políticos sabemos que es difusa y no tenemos aquí la tradición de transparencia que hace que, por ejemplo, un estadounidense vote sabiendo que el secretario de defensa tiene intereses en la industria armamentística, que puede o no ser aberrante, pero es una información que cuando el país acaba por entrar en guerra provoca que nadie se llame a engaño. Aquí se hacen leyes de transparencia que no transparentan nada. El político relevante acaba sentado en algún consejo percibiendo unas suculentas dietas que seguramente nadie le habría pagado antes de ocupar el cargo del que cesó. Y ese proceder no es que alimente o no sospechas sobre la entrega al servicio público o la defensa del privado, es que no deja ninguna duda de lo segundo.

La transparencia ex post no sirve. Que un exministro de industria acabe trabajando para una compañía eléctrica no es una información que el votante pueda manejar en el momento de las elecciones. Sólo cercenando por completo esa posibilidad para siempre y sin moratorias de ninguna especie el votante estaría seguro de que, al menos, la dádiva no se hará con tanto descaro.