Libertad bancaria ¿para qué?

El mes pasado el presidente de la AEB, señor Roldán, hizo unas declaraciones en las que venía a manifestar sus inquietudes por la actividad denominada shadow banking, banca en la sombra según traducción literal, o banca paralela. Acusaba a esta actividad de algo parecido a una competencia desleal por la ausencia de requisitos de capital y de otras regulaciones exigidas a la banca tradicional.

Habría que matizar que la banca paralela no es una actividad al margen del derecho. Si así fuera, sería una actividad ilegal y no lo es. Es una actividad regulada por el derecho civil común que permite que cualquiera tome prestado y preste, que es la base del negocio bancario como lo entiende el común de la gente. La diferencia entre la banca paralela y la tradicional estriba en los privilegios y las consiguientes obligaciones de la que esta segunda disfruta por amor de la regulación especial que le es aplicable.

La banca tradicional puede hacer algo que nadie más puede hacer como es captar depósitos a la vista o, lo que es lo mismo, endeudarse sin que en el contrato por el que toma prestado figure un elemento constitutivo de los contratos de préstamo como es el plazo para restituir lo recibido. Dicho de otro modo: la banca tradicional se compromete en todo momento a atender todas las solicitudes de devolución de depósitos a la vista. Este compromiso, que es el origen de las crisis financieras como demuestra que esté generalmente prohibida, le genera el derecho que el correspondiente banco central actúe como prestamista en última instancia, a participar de un mecanismo semipúblico de garantía de los depósitos y, en último término, a disfrutar del rescate público. La banca paralela no goza de estas ventajas públicas ni de la de endeudarse a la vista.

Por otro lado, no parece que, dado el desarrollo de la tecnología, la banca tradicional pueda impedir el desarrollo de esta actividad en tanto en cuanto todos podemos ser prestamistas de quien nos apetezca, asumiendo el riesgo de impago y sin poderlo transmitir al sector público, que somos todos. El desarrollo de la banca paralela sólo necesita pasarelas de pago, en las que puede participar, porque ya las tiene, la tradicional y la calificación crediticia tradicional, cuyos resultados están a la vista, puede ser sustituida por un historial alimentado por los anteriores prestatarios, al modo de como los compradores de E-Bay califican a los vendedores.

El Estado no puede por menos que acudir preocupado a este desarrollo de las microfinanzas personales, en tanto en cuanto puede reducirle la fuente de financiación que es la colocación de deuda pública entre el sector financiero tradicional. La competencia desleal que el Estado practica desde la regulación, con el resto de demandantes de crédito para los que exige a la banca regulada límites de endeudamiento cuando actúa de prestamista de los segundos pero no de él mismo, se terminaría. El público podría prestar a quien quisiera sin atender a más criterio que los estrictamente financieros: plazo, rentabilidad, confianza... y en una segunda fase, los derechos crediticios bien podrían venderse en la red sin las cortapisas actuales que tanto reservan el crédito para los grandes emisores.

No parece que pueda alegarse, como sí hizo el señor Roldán, que el desarrollo de la banca paralela basada en las nuevas tecnologías pueda reducir aún más el escaso crédito que la tradicional viene dando. Lo que reduciría es el volumen de crédito que pasa a través de los actuales intermediarios financieros, que podrían llegar a demostrarse innecesarios para muchas operaciones, así como el que se hace llegar en las condiciones actuales de bajo tipo de interés a las Administraciones Públicas para financiar sus déficit.

Tampoco parece que pueda afirmarse que en esta operativa podría residir la próxima crisis financiera. No cabe duda de que la nueva actividad no evitará los impagos, que deberán ser absorbidos, sin derecho a la ayuda pública, por los prestamistas cuya amplia base asegurará una distribución del riesgo muy amplia. Al fin y al cabo, si no es preocupante la morosidad que sufren las pequeñas entidades financieras tradicionales, menos debiera serlo la de una multitud de muy pequeños prestamistas que arriesgan sus ahorros.

Las declaraciones del señor Roldán nos han recordado mucho a las recientes del gremio del taxi o de los hosteleros respecto de las aplicaciones para compartir vehículos o viviendas privadas. Si la diferencia de precios entre los sectores tradicionales y los nuevos compensa, nadie dejará de utilizar los taxis o los hoteles. En cualquier caso, si creemos en la libertad individual y en la propiedad privada, la gente puede dejar su casa, su coche y su dinero a quien quiera. ¿O no? "Libertad ¿para qué?" Nos recuerda peligrosamente a Lenin.

Rubén Manso Olivar, de Mansolivar & IAX.