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El nuevo PVPC, ¿amenaza u oportunidad?
El anuncio por parte del Ministerio de Industria de la nueva metodología para el cálculo del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, el PVPC, ha hecho correr ríos de tinta. La prensa generalista ha destacado ya los aspectos más llamativos de la propuesta:
abolición de las subastas CESUR para conseguir un ahorro del 3%, precios referenciados al mercado mayorista, medición horaria para aquellos consumidores que tengan contadores inteligentes, problemas formales derivados de la indeterminación del precio en el momento de la contratación? Sin embargo, se ha prestado una limitada atención a su racionalidad y al impacto que tendrá sobre el funcionamiento mismo del mercado.
En esencia, la propuesta consiste en sustituir una tarifa calculada ex ante, que ofrecía una cobertura del riesgo de precio de mercado ?un precio fijo, por un mecanismo de facturación ex post que prescinde del coste de esta cobertura ?con precios variables indexados al mercado. Al mismo tiempo, se obliga a las Comercializadoras de Referencia a ofertar una tarifa fija anual que sí incluya esta cobertura.
Los contratos indexados no son nuevos en los mercados eléctricos. De hecho, ya habían sido utilizados en periodos de transición desde tarifas reguladas: Irlanda hizo lo mismo en 2007 para los grandes consumidores. Lo provocador de esta propuesta es la escala: más de 15,5 millones de clientes son actualmente suministrados al PVPC trimestral.
Por encima del ahorro de costes que supone la eliminación de la cobertura, que es el principal argumento esgrimido por el Ministerio, la principal ventaja de la propuesta reside en minimizar la intervención del Gobierno en el proceso de fijación de las tarifas eléctricas. La responsabilidad de fijar tarifas no sólo ha dado innumerables quebraderos de cabeza a sucesivos gobiernos, sino que está posiblemente detrás de algunos de los problemas del sector.
Sería ingenuo, sin embargo, pensar que el Gobierno va a poder eludir futuras polémicas. No sólo sigue estableciendo los peajes y otros cargos regulados, sino que será interpelado por los consumidores cuando una meteorología menos benigna que la actual eleve los precios mayoristas. Llegado el momento, el Gobierno deberá mostrar la madurez de explicar los fundamentos de los precios y evitar una caza de brujas, máxime cuando todavía son frecuentes en determinados ámbitos las críticas al mercado.
Por otro lado, a través de la obligación de publicar una oferta alternativa a precio fijo y de los requisitos impuestos a estas ofertas ?duración homogénea, imposibilidad de incorporar servicios adicionales?- el Ministerio da cumplimiento a su objetivo de incrementar la competencia y transparencia en el mercado.
De hecho, el principal efecto de la reforma será el de abrir al fin la puerta de la contratación libre a más de 15,5 millones de consumidores. La transparencia de la oferta a precio fijo obligará a los comercializadores a competir en precio, aunque haya suficientes espacios para la diferenciación comercial con otras ofertas, como contratos con discriminación horaria, duración distinta a un año, garantía de origen renovable de la energía, ofertas conjuntas de luz y gas, o la venta de servicios adicionales.
Los comercializadores se encontrarán con que la reforma también afectará a los mercados en los que operan. La reducción de la demanda de contratos de cobertura (una parte de los consumidores permanecerá bajo el PVPC) debería redundar en una reducción del coste de éstos, que compensará en parte el mayor coste de contratar a un año en lugar de trimestralmente.
Por otra parte, la extensión de medición horaria aumentará inicialmente la volatilidad del consumo, y con ello el riesgo de la comercialización. Parte de los clientes modificará su consumo una vez conozcan el precio del mercado, lo que obligará a mejorar la previsión de la demanda o asumir el coste de los desvíos. Y para aquéllos sin medición horaria, se dificultará la elaboración de los perfiles finales de consumo, aumentando también el riesgo en las liquidaciones de energía.
Este aumento de la volatilidad del consumo conducirá probablemente a un incremento del coste de los servicios de ajuste, tanto para los comercializadores como para el resto del sistema. La metodología propuesta, quizás previendo este aumento, no permite trasladar el coste real de los servicios de ajuste, sino sólo el coste medio durante el año anterior.
La propuesta también altera otro aspecto de la actividad de los comercializadores, al exigir que éstos apliquen un factor de pérdidas horario en sus compras en el mercado ?8.760 factores diferentes cada año. Este factor es un porcentaje por el que se incrementa la energía medida en los contadores para cubrir las pérdidas de energía en las redes. Hasta ahora, sólo existía un factor fijo para la inmensa mayoría de los consumidores domésticos, y solo seis deferentes para los industriales más sofisticados.
Por último, el nuevo sistema supondrá también un desafío técnico, como ya han manifestado distintos agentes. Para hacernos una idea, basta decir que a pesar de los millones de contadores inteligentes instalados, el consumo de ningún consumidor doméstico se liquida actualmente en función de su consumo real horario. La implementación de la nueva metodología implicará cambios en los sistemas de concentración y agregación de medidas y, sobre todo, en los sistemas de facturación de los comercializadores.
En resumen, la propuesta para calcular el PVPC, que responde a una urgencia política tras el incidente de la CESUR, brinda una oportunidad para culminar el proceso de liberalización iniciado en 1998, permitiendo a España homologarse con el norte de Europa (donde no existen tarifas reguladas), y conseguir mayor elasticidad de la demanda. Sin embargo existe la amenaza, dado el oscuro procedimiento para elaborarla y el plazo para implementarla, de que acaben sólo por generar una mayor inestabilidad regulatoria.
Yeray Pérez, Consultor Ejecutivo de AF Mercados