Acuerdos y desacuerdos sobre fraude fiscal

Con el asunto del fraude fiscal ocurre que aunque hay acuerdo sobre la necesidad de atajarlo, no lo hay sobre los medios que son necesarios dedicar para su represión, sobre quién defrauda o sobre su dimensión. Y ocurre que quien tiene en su mano la potestad de reforzar los medios de Hacienda, sorprendentemente, no lo hace y permite que cada año en la Agencia Tributaria seamos menos y más viejos.

Según un informe de la OCDE, en 2011 España era el segundo país por la cola en número de funcionarios fiscales por cada millón de habitantes. Estos medios humanos tan escasos son fruto de una decisión puramente económica. Ya decía Lionel Robbins, en su Ensayo sobre la Naturaleza y significado de la Ciencia Económica (1932) que "La Economía comprende la conducta humana como relación entre fines y medios escasos con usos alternativos". Por ello, los últimos gobiernos han decidido aplicar los medios escasos del Estado a fines alternativos a la lucha contra el fraude, lo que nos obliga a los inspectores a hacer encaje de bolillos para realizar nuestro trabajo.

La cuestión tiene su importancia si tenemos en cuenta que en la última encuesta del CIS, un contundente 95% de los encuestados opinaba que existe mucho o bastante fraude fiscal. Y, desgraciadamente, esta opinión tiene base pues las estimaciones de la economía sumergida española la sitúan entre el 19% y el 23% del PIB. Ello es muy preocupante porque los efectos del fraude fiscal son devastadores: disminuye los recursos para afrontar los servicios públicos esenciales; obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que pagan y cumplen correctamente; desmotiva a los cumplidores, y distorsiona el funcionamiento del mercado al permitir al defraudador ofertar mejores precios.

Para atajar el fraude es necesario reformar tanto el sistema tributario como la institución que lo gestiona. Precisamente el pasado diciembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó su voluntad de reformar la AEAT y desarrollar su estatuto jurídico, pendiente desde 1990. Veinte años no es nada, dice el tango, y por ello debemos congratularnos de que por fin exista una sensibilidad entre los políticos de perfilar ese boceto inacabado que es la Agencia Tributaria, y reorganizarla para hacerla mejor, más profesional, independiente y autosuficiente.

La nueva AEAT debe garantizar la unidad del sistema tributario sobre la base de las actuales Agencias tributarias estatales, autonómicas y locales, a través de la creación de la Agencia Tributaria en red, que integre a todas las actuales Administraciones tributarias en un sistema informático común. Dicho sistema debería estar gestionado por la nueva Agencia Tributaria que, en lugar de estatal, sería ya nacional. Ello le permitiría prestar servicios comunes, tales como la recaudación de todas las deudas del sector público.

Al dar servicio a todas las Administraciones públicas, el nombramiento de su director debería hacerlo el Parlamento, con una mayoría cualificada y por un tiempo amplio. Ello generará estabilidad que se reforzará si el estatuto prevé que todos los puestos técnicos se nombren por el sistema del concurso de méritos, reservando los puesto de libre designación a unos pocos de corte directivo.

La nueva Agencia Tributaria debería autofinanciarse con un porcentaje de lo que recaude y su actividad se ajustaría a un contrato de gestión, aprobado por el Parlamento. Ello hará que su financiación no sea un coste para el contribuyente ya que la AEAT se quedará con una pequeña parte de lo que liquide, y generará más crédito si se cumple y menos si no se cumple, por lo que su política de recursos humanos estará en función de lo que ingrese. Bueno para la AEAT, bueno para España.

Se dotará de nuevas facultades como poder trabajar de incógnito o pagar a confidentes, no para ahogar a la clase media, o usar esas facultades indiscriminadamente, sino para utilizarlas cuando sea realmente necesario. Asimismo, porque el fraude es cosa de todos, se profundizará en la colaboración ciudadana y en las tareas de concienciación y de explicación del porqué contribuir y del daño social que produce la defraudación.

En definitiva, si estamos de acuerdo en que atajar el fraude es una prioridad nacional, solo nos queda lograr el tan necesario consenso. Y es que tengo el total convencimiento de que si nos esforzáramos más en luchar contra el fraude no serían necesarios más recortes en esos servicios públicos tan necesarios para el bienestar social, y que ahora tanto se cuestionan.

Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.