Igualdad de oportunidades

La revisión del sistema de becas en España ha desencadenado inevitablemente un debate sobre la igualdad de oportunidades en el origen, exigencia que emana de la Constitución. La igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 14 C.E., se enriquece con otras aportaciones, y especialmente con las del artículo 27, que, en el párrafo 1 establece que "todos tienen el derecho a la educación" y en el párrafo 5 dispone que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Finalmente, el párrafo 9 añade que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca".

Frente a este mandato, el ministro Wert ha modificado el sistema de becas mediante el decreto 609/2013 de 2 de agosto para aplicar el criterio de que sólo los mejores son acreedores a la ayuda pública en la educación universitaria. Tras diversos forcejeos y protestas, el Gobierno decidió mantener en un 5,5 la nota mínima de selectividad -excluida la fase específica- exigida para quedar exento del pago de matrícula en el primer año de las carreras universitarias, y subir en un punto, hasta el 6,5, la nota exigible para acceder a las becas dinerarias. Además, los aspirantes a becarios deben cumplir las condiciones socioeconómicas establecidas, como es natural.

El planteamiento de Wert consiste, como es evidente, en que sólo los alumnos más listos y capaces deben alcanzar la Universidad y, por lo tanto, merecen la ayuda pública que se lo permitirá. Es claro que semejante estrategia incrementa la desigualdad ya que, por aplicación de este criterio, las medianías afortunadas que puedan pagarse los estudios acabarán teniendo una carrera, en tanto las que no dispongan de recursos deberán desistir. Todo ello al margen de la evidencia de que los alumnos más inteligentes y capaces tienen siempre más opciones a su alcance que aquellos con menor iniciativa, que son precisamente los que más ayuda requieren.

El decaimiento de la educación en España es en cualquier caso profundo y este descenso de nivel perjudica sobre todo a quienes han de confiar en el sistema educativo para mejorar su estatus social: el gasto de España en educación es este año del 4,58% del PIB, inferior al del 2008 y casi un punto por debajo de la media comunitaria. En el último curso académico, han dejado de otorgarse 24.520 becas y medio millón de alumnos ha dejado de percibir ayudas por libros y transporte. Desde el arranque de las crisis han salido del sistema educativo 20.000 enseñantes y el IVA del material escolar ha pasado del 4% al 21%.

Ser universitario no garantiza el éxito

La pauta que se desprende del espíritu constitucional debería hacer posible que, dentro de unos límites razonables, todo adolescente con capacidad y voluntad suficientes cursara los estudios que desease, independientemente de su posición económica. Lo que no significa que por este medio vayamos a alcanzar el gran desiderátum de la igualdad esencial: un reciente análisis del columnista Tim Harford en el Financial Times, glosado por Krugman en uno de sus artículos, ponía de manifiesto que el logro de un brillante currículum universitario no garantiza el éxito. "Esta sociedad proclama -ha escrito Krugman, en referencia a la sociedad norteamericana- que recompensa a los mejores y más brillantes, independientemente de cuáles sean los antecedentes familiares. En la práctica, sin embargo, los hijos de los ricos se benefician de oportunidades y relaciones inaccesibles para las criaturas de las clases medias y trabajadoras. Del artículo [de Tim Harford] se desprende que la brecha entre la ideología meritocrática de la sociedad y su realidad cada vez más oligárquica está teniendo un efecto claramente desmoralizador".

No hace falta decir que este rozamiento oligárquico es también notorio en España, país en que las redes clientelares y la institución de la recomendación funcionan a la luz del día. Ciertos centros privados altamente elitistas de educación superior aunque de prestigio mediocre consiguen colocar rápidamente a sus sucesivas promociones gracias al sistema de relaciones sociales que mantienen, cuando otros profesionales egresados de la educación pública mucho mejor formados tienen grandes dificultades para instalarse y deben recurrir la mayoría de las veces a la emigración.

En nuestras sociedades liberales, y a pesar de la gran extensión de las clases medias, la desigualdad es rampante; en los Estados Unidos, el 1% más rico se beneficia de la cuarta parte de los ingresos, con la particularidad de que este 1% ha absorbido el 95% de los ingresos provenientes de la recuperación económica tras la crisis. Cambiar las cosas y lograr mejores equilibrios debe ser algo parecido a una utopía; sin embargo, no se puede renunciar a la búsqueda incesante de la mayor igualdad de oportunidades posible basada en la educación, que, aunque incompleta por lo dicho más arriba, es el aliciente de las clases medias para seguir luchando por su futuro. Si fracasasen estos mecanismos, que al fin y al cabo generan integración, nuestras sociedades acabarían sometidas a tensiones insoportables.

Antonio Papell, periodista.