'Parir un ratón' o un fiasco de reforma de las Administraciones Públicas

Con gran alarde anunciaba el Gobierno una reforma de las Administraciones Públicas que, según sus propias cifras, ahorrará 37.700 millones de euros de gasto, suprimirá 90 observatorios, reformará 57 organismos -entre los que cabe resaltar la supresión de 17 de las 48 fundaciones con que cuenta la Administración central- y enajenará o reestructurará la ocupación de 15.000 inmuebles, entre ellos una decena de edificios singulares, a fin de coadyuvar al ahorro de los gastos de la Administración.

Cabe señalar que todo ese enorme esfuerzo se reparte en un periodo entre 2012 y 2015; es decir, no sólo no se atiende a una necesidad perentoria de nuestra estructura administrativa y se soslaya una reforma, racionalización y reducción drásticas de lo político en nuestras vidas y haciendas, que nos retorne a valores y contenidos propios de un estado que respeta la propiedad y la libertad de sus ciudadanos, sino que el cálculo incorpora lo ya hecho el año pasado como parte de la reducción del Estado, que no ha sido mucho comparado con los ajustes padecidos en el sector privado desde 2008.

Cuando hablo de retorno a situaciones respetuosas con la libertad y la propiedad me refiero a que los poderes políticos, patronales y sindicatos incluidos, no puedan meterse en los frutos de nuestro trabajo, esfuerzo o talento como lo hacen ahora (algunas autoridades incluso decidiendo sobre o expropiando la propiedad privada por logro de votos y permanencia en el poder); me refiero a que no existan asimetrías o un doble rasero en obligaciones, tiempo y formas si el Estado -en cualquiera de sus niveles administrativos- paga a los individuos o si cobra de ellos; que los incumplimientos, retrasos, deudas, demoras, etc. por parte de la Administración no tengan un tratamiento y consideración diferente a los de los individuos para con el Estado; y, en definitiva, que si los ciudadanos somos multados o recargados por ciertos asuntos, problemas o errores, también lo sean las Administraciones Públicas por las mismas causas. Pero de esto nada sabe el concienzudo y extenso Plan de Reforma de las Administraciones Públicas.

Un ratón en vez de un elefante

Conste que el informe presentado por el Gobierno tiene avances, sin duda, y que cualquier progreso en este asunto de limitar la acción del Estado para lo que se constituyó y forzar su eficiencia es loable a todas luces. Sea, por tanto, bienvenido el esfuerzo. Pero, me temo, que nos venden un parto de elefante, cuando en realidad lo ha sido de ratón. Pues el reparto en cuatro años de los 37.700 millones de euros totales supone una media al año de 9.425 millones lo que resulta, como a estas alturas sabemos, una minucia comparado con el tamaño del sector público y, sobre todo, con las necesidades que nuestra economía tiene, para recuperar la credibilidad, de reducción rápida y radical de gasto para poner orden en las cuentas públicas, dejar atrás el déficit y aminorar nuestra creciente y peligrosa deuda pública. Que, por cierto, se añade a una peligrosa deuda privada, de la que ya veníamos desde 2007-2008, pero que se ha ido reduciendo y pagando en estos años; por lo que esa actitud y tendencia del sector público las está empeorando (la deuda y la credibilidad o crédito).

La realidad de las cifras, sin embargo, es otra bien distinta y el verdadero recorte de gasto público es apenas de 6.500 millones (unos 1.625 millones al año o lo que cuestan al erario público anualmente las televisiones autonómicas), pues los 37.700 es una cifra que se lograría en un 'País de las Maravillas' en que todas las Administraciones acometieran los ajustes, reducciones y reformas recomendados por el Gobierno en el informe. Pero lo cierto es que, tanto ayuntamientos, diputaciones, como comunidades autónomas -empezando por las políticamente afines-, han manifestado sus discrepancias e incluso frenado las intenciones primigenias del Gobierno.

Además, esa cifra total incluye 16.300 millones que no son auténticos recortes de gasto sino lo que el Gobierno estima que los contribuyentes se ahorrarían en el futuro, a lo largo del período mencionado, gracias a la mejora de la eficiencia de la administración; es decir, aumentos de gasto que no se producirían.

Se antoja a todas luces insuficiente la reorganización, que no recorte -al menos de todas- de 57 organismos o la desidia sobre el número de fundaciones a extinguir (¿no pueden dejarse las 48 en 17 en lugar de sólo eliminar 17 de las 48?). Máxime cuando hay miles de organismos, empresas, entes públicos en los cuatro niveles de la Administración que, para colmo, como recogió este diario emplean a más de 400.000 personas que escapan de los registros públicos y son denominados a dedo (sólo el 1,5% son funcionarios de carrera).

Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.