Pensiones: romper la paradoja

El informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, ya desde antes de su presentación oficial, ha generado un debate interesadamente confuso que conviene aclarar en lo posible.

En primer lugar, es disparatado afirmar que el establecimiento de ese factor de sostenibilidad vaya a implicar una bajada de las pensiones, como parecen deducir algunas voces alarmistas. Porque la esperanza de vida se puede vincular a los años de cotización, a la edad de jubilación o a la cuantía de las pensiones. Pero aún en este último caso, el factor no obliga a redefinir los importes individuales, ni a los pensionistas actuales ni a los futuros, puesto que lo que pretende y consigue eficazmente dicho factor de sostenibilidad es, precisamente, que la cuantía total de la pensión sea constante en relación con la esperanza de vida.

En segundo lugar, se debe insistir en que con recesión económica o sin ella, incluso en un escenario de crecimiento, hubiera sido absolutamente precisa una reforma profunda del sistema de Seguridad Social español. Ese sistema evidencia en todo momento -antes de la crisis también- una característica muy propia del esquema de protección social español, esto es, que su construcción se ha realizado siempre con improvisaciones y fragmentaciones prácticas, sin coherencia ni sistemática, manteniendo sus elementos en un relativo y precario equilibrio que parece suficiente mientras que no hay que probar la resistencia de materiales, pero que se convierte en un castillo de naipes que se viene abajo en cuanto la adversidad aparece en el horizonte.

Una reforma que afiance la estabilidad y el futuro del sistema es (y lo era también mucho antes de la crisis) completamente necesaria. Por consiguiente, la cuestión no es si hay que hacerla, sino cómo hay que hacerla. Y el establecimiento de un factor de sostenibilidad que gira en torno a un elemento dinámico, como la esperanza de vida, aun cuando se ligue a la cuantía de las pensiones, asegura estabilidad y fija las bases de una reforma científica y no política, porque supone introducir, por primera vez en nuestro país, un sistema de corrección automática de los parámetros que definen el sistema de pensiones.

En tercer lugar, es evidente que las crisis económicas y de financiación suelen enfrentar a los poderes públicos con este ejercicio de esquizofrenia: corregir las desigualdades y atribuir prestaciones sociales de seguridad social pero, simultáneamente, vigilar que el sistema, en su conjunto, sea sostenible, reduciendo al mismo tiempo el gasto o limitando el acceso a esas mismas prestaciones. En un contexto así (sin un factor de sostenibilidad objetivo, externo y automático) es fácil advertir la perversa paradoja de que el Estado conserva un poder normativo que le obliga a ser al mismo tiempo el policía y el defensor del Estado de bienestar, en un juego patético en el que se arruina remediando los efectos de su propia legislación.

Sólo una reforma científica que subordine la voluntad normativa a los estabilizadores automáticos romperá esa paradoja.

Por Juan Carlos Arce, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid.