Un gran engaño

El Gobierno ha vuelto a reformar parte del sistema de jubilación y pensiones a él asociado, en concreto el relativo a las jubilaciones anticipadas y la jubilación parcial o posibilidad de percibir un salario y una pensión. Y digo "vuelto" porque desde 1979 todos los Gobiernos han cambiado o reformado el sistema (algunos en varias ocasiones) y siempre con resultado de endurecer o dificultar las condiciones de acceso, reducir los pagos o su cuantía (o aumentar las aportaciones) y alargar los plazos o periodos, todo ello en detrimento del perceptor.

Quienes arguyan como logros la creación de diversas prestaciones (mal denominadas pensiones) -entre otras para quienes no contribuyeron- a lo largo de este tiempo y las mejoras en pensiones ya existentes (como orfandad, viudedad, etc) yerran el tiro por varios motivos: tales prestaciones son menores en tamaño y cuantía; en ocasiones excluyentes (no puede percibirse una pensión por viudedad y otra por jubilación propia) y, normalmente, se trata de decisiones de protección social con cargo a impuestos.

Pero lo que aquí se trata, modificaciones incluidas, es una circunstancia originada únicamente como consecuencia de la actividad o vida laboral de un sujeto, como es la jubilación y la pensión a ella ligada. Nada que ver con la protección social, ni el sistema de estado del bienestar, como pretenden hacernos creer, ya que es una contingencia previsible y que, aunque se haya usurpado, está en manos de las personas y en su libre decisión.

Nuestro sistema de pensiones es una estafa

Nuestro "actual" (aunque su estructura proviene de los años cuarenta) sistema de jubilación y pensiones es una ruina, es tramposo y, financieramente, una estafa o fraude puesto que sigue un sistema piramidal o estructura tipo Ponzi: paga los rendimientos de cada momento con las aportaciones de capital nuevas, de ese mismo periodo (y, en ocasiones, con las previstas de periodos futuros).

Es una ruina porque financieramente está quebrado y, desde luego, no sólo por razones de estructura demográfica, ya que su esquema actual (saneamiento, revalorizaciones y mejoras incluidas) exige una proporción de 3 a 1; y con 9 millones de pensionistas se requiere alrededor de 25 millones de activos contribuyendo (algo inexistente ni en nuestros mejores momentos) que, cuando lleguen a la cúspide de la pirámide, será inimaginable sostener por muchos cálculos demográficos que se pretendan. Pero, además, las percepciones son pobres o insuficientes, desiguales y poco relacionadas con las aportaciones. Aportaciones que, a su vez, incluso tampoco están completamente ligadas al salario o ingreso del trabajador. Y es un sistema tramposo porque ha permitido a sindicatos, asociaciones de empresarios y al Gobierno de cada momento, en definitiva a los poderes públicos, usurpar y apropiarse de los medios y decisiones que son de los trabajadores, de forma individual.

El daño de las prejubilaciones

Aunque es evidente, en este marco, que las prejubilaciones dañan aún más el sistema, éste ha incentivado dichas prejubilaciones como forma de mutualizar entre el conjunto de los contribuyentes los costes laborales para las empresas; fundamentalmente, pero no sólo, los derivados de despidos colectivos, regulaciones de empleo o ajustes de plantilla de cualquier tipo. Y, por tanto, ha contribuido a nuestras bajas tasas de actividad.

El decreto-ley del Gobierno intenta minorar tales daños o costes pero también yerra doblemente. Por un lado, las condiciones, consideraciones y exigencias del mismo son tortuosas y retorcidas, con baremos y excepcionalidades continuas. Tal es el caso, por ejemplo, de sus cálculos (años, tramos y coeficientes reductores); las exigencias, en caso de jubilación parcial, en las bases de cotización para el sujeto adscrito a ella y para el trabajador que lo releva o las salvedades de aportación al Tesoro de empresas de más de 100 trabajadores que lleven a cabo un ERE o despido colectivo pero que tengan dos ejercicios de beneficios en cuatro ejercicios posteriores al del ajuste laboral...

Toda una trama de casuística, baremos y condicionalidades añadidas a los requisitos, cuyo único fin es, una vez más, reducir las percepciones y endurecer las condiciones para acceder tanto a la prejubilación como -y esto es un error, pues debería haberse procurado lo contrario- a la jubilación parcial o la compatibilización de jubilación y empleo parcial.

Pero el verdadero y grave problema de este país es la desocupación y que, llegada una determinada edad, que no es precisamente los 63 o 65 años, quien se queda en paro no tiene prácticamente forma de retornar al mercado laboral a pesar de su experiencia (esto acontece con 50, 55 e incluso con 45 años y menos). Por lo que son las leyes o normas que incentivan tal perversión las que debieran reformarse, en lugar de aplicar paliativos, como hasta ahora han hecho todos los Gobiernos, a tal situación a través del sistema de pensiones y la mutualización de sus costes.

El camino es otro bien distinto. ¿Qué tal un mundo en el que nadie decida por uno cuándo ni cómo jubilarse, sea a la edad que sea, y que, por tanto, no exista jubilación anticipada, pospuesta ni parcial (para lo que debería haber más flexibilidad en los contratos parciales)? ¿Qué tal si el trabajador pudiese tener la propiedad y disfrutar él mismo (o los suyos), mediante un sistema de capitalización, cartilla de ahorros, mochila o como quiera denominársele, de las aportaciones realizadas durante toda su vida laboral a tal efecto, tanto las hechas por él como por la empresa (que son muchas y cuantiosas), sin que pasasen por las manos de gobiernos, sindicatos o empresarios? Tal deseo, tal sistema de jubilación y pensiones, en nada tiene que ver con el actual que siguen hurgando, modificando, empeorando, reduciendo y recortando -al mismo tiempo que defendiendo- Gobierno, sindicatos y empresarios.

Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.