Seguridad Social en riesgo

Como ya conocían desde hace meses los lectores de elEconomista y ahora todos los españoles, una vez celebradas las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco el Gobierno ha reconocido ante la Comisión Europea que el déficit conjunto del sistema de Seguridad Social y de desempleo el año 2012 superará el 1% del PIB, y supone un pesado lastre para los intentos, cada vez menos creíbles, de mantener a flote las cuentas públicas para el año en curso. Como las cuentas de la Seguridad Social están basadas en la evolución de ingresos y gastos prevista en los Presupuestos del año en curso, esta situación no tiene por tanto fecha de caducidad en 2012, sino que va a arrastrarse el año que viene. Si aplicamos los porcentajes previstos para la evolución de ingresos y gastos en el Proyecto de Presupuestos de 2013 a la disminución de cotizaciones sociales y al crecimiento de gasto en pensiones efectivamente producidos en 2012, el déficit superará el año siguiente en 7.000 millones de euros la estimación presupuestaría.

El problema, además, no es fácilmente abordable, y menos acompasando las medidas a calendarios electorales. Así como en el caso del desempleo las actuaciones sobre el flujo afectan a la mayor parte del gasto, en pensiones limitarse a ellas supone dejar fuera más del 90% del mismo. Pero, sencillamente, es imposible mantener cualquier política de sostenibilidad de las cuentas públicas si disminuyen tanto el número de los cotizantes como las bases de cotización, a la vez que se incrementa el número de pensionistas, la pensión media y se revalorizan las cuantías. Porque esta situación no sólo genera desequilibrios proporcionales, sino que anima a buscar la jubilación como renta segura y de evolución más favorable frente a los salarios maltratados. Los incrementos de productividad aparente mediante la disminución de la mano de obra vuelven a gravitar, pues, sobre el sistema de protección social.

Mientras la realidad se perfila sombríamente, los actuales gestores del sistema son incapaces de reaccionar. Por ejemplo, dando el mismo trato a la Seguridad Social que el otorgado a los acreedores privados de las Administraciones Públicas, financiando sus cobros pendientes en condiciones favorables. Además de habilitar préstamos que conviertan en ingresos del sistema los derechos aplazados, urge aumentar los colectivos de cotizantes en vez de disminuirlos arbitrariamente, como se ha realizado con los cuidadores familiares, se proyecta para las empleadas de hogar y se descuida en el caso de los becarios, así como la adopción de medidas estructurales que permitan reponer la maltrecha economía del sistema.

No se entiende que porcentajes de cotización de gastos que disminuyen o en los que se producen importantes ahorros se mantengan inalterados, mientras que la cuota destinada a las pensiones, con claras insuficiencias, no se hace crecer disminuyendo en paralelo las fracciones de cuota excedentarias o mejor tratadas. No pueden explicarse las ofertas de compañías privadas que financian vacaciones a los directivos de las empresas que asumen con éstas la formación de sus trabajadores, ni que los beneficios y las reservas de algunas mutuas sigan creciendo mientras es necesario utilizar más de 7.000 millones de euros de las reservas administradas por los gestores públicos del sistema (3.000 millones del Fondo de Reserva y más de 4.000 del Fondo de Prevención) generados en años anteriores para pagar las pensiones del presente.

En cuanto a la jubilación anticipada, además de declaraciones piadosas precisa un atractivo básico: que el salario sea superior a la renta que ha de sustituirlo. Y una regulación que disuada con costes adicionales el despido de los trabajadores más veteranos, en vez de inducirlo. Es imposible que un sistema contributivo basado en cotizaciones sobre el salario pueda funcionar adecuadamente con un basamento tan deteriorado.

¿Es éste un camino fácil? No. ¿Estamos a tiempo? Es posible. ¿Está dentro de los planes del Gobierno? Más bien parece que el Ejecutivo ve básicamente el sistema como un granero de votos. Es de temer que no se adopten decisiones con un horizonte temporal más amplio que el de las próximas elecciones, sean las que sean.

Incluso en términos sociales, las consecuencias pueden ser muy relevantes. Esta semana el INE ha hecho público el avance sobre la Encuesta de Condiciones de Vida 2012. En él se contienen datos halagüeños sobre los mayores de 65 años, que siguen sobrepasando los indicadores relativos de pobreza, más por el empobrecimiento de los asalariados que por el crecimiento de sus rentas.

Comparativamente la situación global del colectivo es aceptable. Pero uno de cada cuatro menores de 16 años se sitúa en riesgo de pobreza, la tasa más alta de la UE. El futuro de los cotizantes y de los pensionistas no es segregable. Puede separarse durante periodos muy limitados, pero unos y otros acabarán padeciendo las consecuencias del deterioro del sistema de igual forma.

Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004-2011.