Flexiseguridad y reformas laborales

Las experiencias europeas de flexibilización del mercado de trabajo, como la que pretende abruptamente abrirse paso en España, siempre han alternado regulaciones menos rígidas del mercado con el desarrollo de medidas compensadoras o de redes de seguridad con mayor capacidad para las personas.

Así, la flexibilización del mercado de trabajo en los Países Bajos fue acompañada de un tratamiento muy favorable a efectos de jubilación para los contratos a tiempo parcial, y de complementos del Estado para las pensiones más bajas. La desregulación de Thatcher se compensó con reducciones fiscales. La práctica desaparición de las indemnizaciones por despido en Dinamarca supuso la ampliación en cuantía y tiempo del seguro de desempleo. En los países escandinavos, el crecimiento de las redes de servicios sociales ha ido en paralelo a las reformaslaborales y de Seguridad Social. La flexiseguridad, más flexibilidad para los mercados, más seguridad para las personas, ha sido una constante en todos los procesos.

Lagunas en la protección

En España, nuestro modelo de protección social tiene una particularidad negativa cuya corrección podría incrementar la seguridad de los trabajadores. En los últimos veinte años, mientras el gasto de los países europeos en protección a la familia se situaba constantemente entre el 2,1% y el 2,3% del PIB, y el de desempleo entre el 1,3% y el 2%, en España el gasto en protección al desempleo nunca ha bajado del 2,4% del PIB ni en los años de mayor crecimiento de la ocupación, superando el 3% en los años más negativos, mientras que la protección a la familia se sitúa entre el 0,5% y el 1,2% del PIB.

Nuestro objeto de protección social no es la persona con necesidades, sino el parado, lo que conlleva importantes lagunas de protección para quienes bordean la miseria (madres muy jóvenes con hijos, familias sin propiedad o usufructo de vivienda y sin empleo, unidades familiares que viven de prestaciones de desempleo cuando éstas se acaban).

La necesidad de que las prestaciones por desempleo asuman las funciones de las exiguas prestaciones sociales hace al mismo tiempo que los beneficiarios de las mismas no coincidan con las situaciones de mayor necesidad; que se multiplique el número de beneficiarios; que su cuantía tenga que ser muy reducida, y que en este sentido incentiven perversamente la economía sumergida. Dar a una familia un subsidio de 500 euros incompatible con el trabajo es mostrarle el camino hacia el fraude con abierto cinismo.

Surgirán nuevas picarescas

La última reforma laboral parece consciente de esta situación, cuando intenta compatibilizar en el contrato estrella diseñado para pymes el cobro del salario con parte de la indemnización, para evitar que sea más rentable trabajar en negro. Pero es una pésima solución, que provocará nuevas picarescas.

Lo razonable sería generar una red de protección para las situaciones familiares de carencia de recursos o de vivienda que fuera compatible escalonadamente con bajos ingresos, y cuyo coste saliera en parte de la financiación no contributiva al desempleo. La menor elasticidad del gasto a lo largo del ciclo sería más coherente con las normas de estabilidad presupuestaria, se eliminaría el desincentivo al trabajo formal, afloraría empleo sumergido y se ampliaría la red de seguridad para los trabajadores, al estar cubiertas situaciones vulnerables ahora mismo sin protección. La reordenación de la acción protectora no tiene por qué suponer un incremento del gasto público que sea superior al crecimiento de los ingresos y a las ventajas reputacionales de ofrecer una imagen más fiel de nuestro mercado de trabajo.

Sin medidas como las comentadas, que sólo pueden aprobarse mediante acuerdos con los interlocutores sociales, no estamos hablando de flexiseguridad, sino de flexibilización. Como ésta va a ser más intensa en los nuevos contratos que en los anteriores, la dualidad de nuestro mercado de trabajo no sólo no disminuirá, sino que se acrecentará. Como no existe ninguna categoría de trabajadores que vean mejorada su protección en situaciones vulnerables, puede preverse una mayor disminución del consumo y una ralentización de la actividad.

Como las razones de la contratación no están en la regulación legal, sino en la expectativa de beneficio, las modificaciones legales no pueden por sí solas, con su único calado, animar suficientemente la contratación. Y como los efectos más relevantes de las medidas de desregulación laboral nunca son a corto plazo (es de temer incluso en los próximos meses un aumento de las extinciones de contratos), los efectos positivos de la reforma van a limitarse a la mayor confianza del empresariado, de los operadores financieros y de los organismos internacionales. Es dudoso que con estas alforjas superemos este año sin que se evalúe la reforma como fracasada y se solicite una nueva vuelta de tuerca.

Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social.