Déficit y endeudamiento autonómicos
Las previsiones de déficit para el conjunto del sector público español eran de un 6% del PIB para el ejercicio 2011. No obstante, el nuevo Gobierno del PP ha alertado, nada más llegar al poder, que el déficit superará el 8% y que la principal causa de la desviación serán las comunidades autónomas.
Para el 2011 estaba previsto que la administración central tuviera un déficit del 4,8% del PIB; las comunidades autónomas del 1,3%; las corporaciones locales del 0,3%; y a la Seguridad Social se le atribuía un superávit del 0,4%. Según el nuevo Gobierno central, la administración central se desviará unas décimas del objetivo previsto, así como las corporaciones locales. La Seguridad Social resultará deficitaria, no alcanzando el superávit previsto, pero la principal causa de la desviación, del 6% al 8% del PIB, el Gobierno central lo atribuye a las comunidades autónomas.
Como es bien sabido, el déficit se traduce en deuda pública. Según los últimos datos disponibles del Banco de España, en el tercer trimestre del 2011 la deuda del sector público español era del 66% del PIB, distribuyéndose de la manera siguiente: Gobierno central más administración de la seguridad social, 50%; comunidades autónomas, 12,6%; y corporaciones locales, 3,4%. Si comparamos estas cifras con la deuda de estas administraciones públicas a finales de 2007, sí que comprobamos que donde la deuda pública ha crecido más es en el caso de los gobiernos autonómicos. Así, el crecimiento interanual de la deuda de las autonomías desde el 2007 ha sido del 27,17%, mientras que en el caso del Gobierno central el ratio de crecimiento es del 19,60%, y en el de las corporaciones locales de tan sólo el 6,06%.
Diferencias entre CCAA
Ahora bien, por comunidades autónomas el nivel de endeudamiento es muy distinto. La deuda pública autonómica oscila entre el 19,9% del PIB de la Comunidad Valenciana, la comunidad más endeudada, al 7,9% del PIB de Madrid y el País Vasco, las dos comunidades menos endeudadas.
Con estos datos, cabe preguntarse las causas del endeudamiento autonómico. Se ha impuesto cierto discurso que atribuye el aumento de la deuda autonómica a la mala gestión y a cierto despilfarro de recursos por parte de los gobiernos autonómicos. Ante este discurso, creo que hay que ser prudente. No se puede descartar que en algunos casos parte de la culpa la tenga una mala gestión de los gobiernos autonómicos, pero hay que tener en cuenta que muchos otros factores pueden ser la causa.
En primer lugar, un factor que debemos considerar es que la crisis económica ha afectado de forma desigual a las comunidades autónomas y, por tanto, también ha afectado de manera distinta a sus finanzas. Las más perjudicadas han sido las que basan su actividad productiva en la industria, el turismo y la construcción.
En segundo lugar, otro factor importante es la naturaleza de los servicios que prestan las autonomías. Salvo la Seguridad Social, todos los demás servicios del Estado del bienestar están en manos de las comunidades autónomas. Estos servicios tienen un gasto con una dinámica de crecimiento mucho mayor que la de los que el Estado presta.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias en recursos por habitante entre comunidades autónomas que el sistema de financiación autonómica ha generado históricamente. Se puede demostrar que hay una alta correlación negativa entre los recursos por habitante de los que los gobiernos autonómicos han dispuesto en los últimos años y el volumen actual de su endeudamiento. Además, todos estos factores son mucho más relevantes si constatamos que actualmente, sin contabilizar la Seguridad Social, las autonomías gestionan un volumen de gasto mayor que el gobierno central, un 36% y un 21%, respectivamente. Por tanto, no es de extrañar, en la coyuntura económica actual, que unos gobiernos afectados por los factores mencionados y que gestionan un volumen importante de gasto público generen déficit.
A estas alturas, es indiscutible que por razones de solvencia económica hay que controlar y reducir el déficit público y el endeudamiento, pero lo que se debe evitar es que el control que el Gobierno central está dispuesto a ejercer sobre las comunidades autónomas reduzca su autonomía financiera y conduzca a una recentralización. No está demostrado empíricamente que los países descentralizados gasten más que los centralizados. Todo lo contrario, tanto la teoría económica como algunos estudios empíricos nos dicen que la descentralización comporta ganancias de eficiencia y conduce a un sector público más reducido. Con el Estado de las autonomías se ha vivido una de las épocas de mayor prosperidad de la historia reciente de España, no vayamos a echar a perder este logro.