Miguel Ángel Bernal: ¿Medidas?, ¿qué medidas?

Después de que la semana pasada el recién estrenado Ejecutivo tomara sus primeras medidas para contrarrestar la crisis de deuda pública, que no la crisis económica, el Gobierno había anunciado para ayer un segundo paquete de medidas anticrisis.

Durante la semana se abrieron importantes expectativas sobre ellas, incluso se llegó a barajar la subida del IVA, algo que el responsable de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, rápidamente desmintió. No la medida, sino el momento (¿marzo, dada la frase "esto no es más que el principio"?).

Abiertas estas perspectivas, a día de hoy conviene reseñar que las políticas eficaces recaen siempre en los recortes de gasto de las administraciones públicas. Por ello se albergaban esperanzas de que una vez se ha actuado sobre los ingresos mediante un aumento importante de la carga fiscal, se entrase ahora en la política de adelgazamiento de la maquinaria estatal. Algo especialmente necesario, a mi modo de ver, dado que, como hemos visto, comunidades autónomas como la valenciana y la catalana tienen serios problemas de liquidez, especialmente la primera.

Todo para quedarnos en nada

Efectivamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tan sólo anunció ayer unos planes vagos, algunos ya en marcha, sin concretar su articulación ni el desglose de cantidades. El principal ha sido la preparación de una serie de proyectos para elevar la recaudación en 8.161 millones, sin explicar el detalle de los números. Cabe deducir que la mayor parte de la cifra recaerá en el análisis de la información que antiguos paraísos fiscales -Andorra, Panamá y Antillas Holandesas- van a facilitar. Por otra parte, para reforzar aún más la lucha contra el fraude se anuncian mayores controles para detectar la economía sumergida, como son una mayor actividad de los inspectores fiscales y la intensificación en el pago con soporte magnético frente al efectivo. Esto último nada novedoso, pues Italia lleva años realizándolo y Francia está dispuesta a tomar medidas en este sentido. Nuevamente se actúa por el lado de los ingresos (insisto en que esta vez de forma vaga y sin concreción), pero no por el flanco del gasto.

No voy a poner en tela de juicio la necesidad de combatir la economía sumergida, una acción de la cual soy firme defensor. Recordemos que un político de la etapa anterior la cifró en el 20% del PIB. Lo que me pregunto es cuándo se va a concretar la lucha contra el despilfarro público. No estoy hablando de recortes asistenciales, sino de lucha contra el derroche. El propio Gobierno habla de unos 4.000 entes públicos entre organismos, agencias y empresas, la mayoría de CCAA y ayuntamientos; en donde, por cierto, algunos Ejecutivos del Partido Popular tienen máxima responsabilidad: Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Madrid... Hasta el momento, el estrenado Gabinete, incumpliendo su programa y por tanto mintiendo a los españoles (a pesar de que Rajoy prometiese en su investidura lo contrario), ha decidido aumentar los impuestos, minorando en parte el gasto público, pero de momento de forma imprecisa se habla de "adelgazar" la maquinaria gubernamental sin concretar nada. Es en estos momentos de crisis en los que esas medidas no sólo son necesarias sino que van a contar con la menor resistencia. España arrastra una pesada carga administrativa, especialmente autonómica y de ayuntamientos, que es preciso demoler ya por el bien presente y futuro.

Miguel Ángel Bernal, Profesor del IEB.