Lorenzo Bernaldo de Quirós: La responsabilidad del BCE

La crisis de la eurozona se está aproximando a un punto de no retorno y la única forma efectiva de evitar el estallido del euro es activar la última arma disponible para evitar ese desastre: el recurso al Banco Central Europeo.

En estos momentos, no existen medios convencionales, públicos ni privados, capaces de suministrar la liquidez suficiente para impedir la suspensión de pagos de la mayoría de los sistemas financieros y de los países de la periferia, excluida Irlanda, ni para blindar a los Estados centrales de la unión monetaria del contagio de la peste de deuda y bancaria que se ha extendido por el Viejo Continente.

El acelerado aumento de la prima de riesgo del bono francés es un ejemplo ilustrativo de esa afirmación. Desde esta perspectiva, la oposición alemana a que el BCE se embarque en una política de flexibilización cuantitativa es miope e hipócrita.

De entrada, el BCE ya ha violado el artículo 123 del Tratado que le impedía soportar la indisciplina presupuestaria de los Gobiernos. Comenzó a hacerlo en mayo de 2010 cuando adquirió deuda griega y lo ha seguido haciendo hasta ahora con las compras de bonos portugueses, irlandeses, españoles e italianos.

En consecuencia, la actuación del instituto emisor europeo, con el beneplácito germano, ha europeizado de facto la deuda soberana de los Estados de la UEM. Esto puede considerarse un error, un acierto o una fatal consecuencia del destino, pero es un hecho y el resultado inevitable de que los países integrados en la unión monetaria hayan retenido su soberanía fiscal. En consecuencia, las sutilezas legales sobre la imposibilidad legal de que el BCE aplique una política de flexibilización cuantitativa se han visto negadas por los hechos.

Riesgo moral

Por otra parte, la tesis según la cual el uso del BCE como prestamista de última instancia crearía una situación de riesgo moral es correcta, pero eso ya se ha producido. Cuando la autoridad monetaria europea decidió socorrer a Grecia, perdió su legitimidad para decir no a otros Estados enfrentados a problemas similares a los del país heleno.

La convicción de que si no se dejaba caer a Grecia tampoco se dejaría caer a Irlanda, Portugal y, ahora, a España e Italia es el resultado lógico de haber socorrido antes a la patria de Aristóteles. Ahora bien, el responsable de esta situación no es otro que el BCE y quienes le alentaron a introducirse por la senda de los rescates. Ahora el problema ha alcanzado tales dimensiones que las apelaciones a la austeridad fiscal y a las reformas estructurales son condiciones deseables y necesarias pero no suficientes para estabilizar la economía y las finanzas europeas.

Alemania tiene un justificado horror histórico a que la financiación de los déficit mediante la emisión de billetes por parte de la banca central desate una hiperinflación. Esto es correcto pero olvida un hecho fundamental. Ese tipo de procesos sólo es posible si se produce una continua y persistente monetización del endeudamiento del sector público. Sin embargo, la coyuntura europea no es ésa, sino un escenario en el cual el stock de deuda no puede ser financiado en el mercado.

Los pilares europeos se tambalean

En teoría, este problema podría ser resuelto mediante la garantía de que el BCE establezca al precio de los bonos soberanos un suelo por debajo del cual no pueden descender y esté dispuesto a intervenir sin límite si eso se produce. De este modo, se levantaría una barrera eficaz para desalentar los movimientos especulativos bajistas sobre la deuda europea. Es más, si el compromiso del BCE es firme y creíble, es improbable que se viese forzado a realizar compras masivas de deuda pública periférica y, si las cosas siguen así, de los países del núcleo duro de la UEM con Francia a la cabeza.

Guste o no, en las actuales circunstancias, los pilares sobre los que se sostenía la constitución monetaria de la eurozona han saltado en pedazos. El BCE ha monetizado deuda de facto y ha quebrado uno de los axiomas de su independencia, la no sumisión de la política monetaria a la fiscal. En consecuencia, ha alimentado una situación de riesgo moral y, su corolario, el contagio de la crisis griega al resto del continente. En este contexto, rasgarse las vestiduras en defensa de una inexistente autonomía del instituto emisor es un ejercicio de hipocresía clamoroso. Esto no significa cuestionar la independencia de la banca central ni su objetivo de garantizar la estabilidad de precios, sino señalar lo evidente: la supervivencia de una unión monetaria es imposible sin reglas que arrebaten a los Estados integrados en ella su soberanía fiscal.

Alguien preguntará, pero... ¿no era eso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? La respuesta es negativa. Éste nunca podía funcionar no porque su filosofía inspiradora fuese incorrecta, sino porque su aplicación exigía que la soberanía fiscal fuese europea, lo que entraba en flagrante contracción con lo dispuesto en el Tratado, es decir, con la plena autoridad fiscal y presupuestaria de los Estados.

Para más inri, no se contempló la posibilidad de que el precio que pague por un país que incumpliese las reglas presupuestarias era la suspensión de pagos, lo que eliminó el mecanismo más poderoso para garantizar un manejo disciplinado de las cuentas públicas. Si Grecia se hubiese enfrentado a esa amenaza, no se habría llegado a esta dramática situación.

En conclusión, la unión monetaria europea necesita una nueva constitución económica que garantice la estabilidad de precios y la estabilidad presupuestaria. Ahora bien, eso sólo es posible si el euro sobrevive a su actual crisis, lo que exige que el BCE actúe, y rápido, como prestamista de última instancia. Cuando un edificio está en llamas, apagar el fuego es una tarea previa a la de pensar en su reconstrucción. Lo llamativo es que Alemania no tenga clara esta evidente cuestión. Éste es uno de los puntos centrales en los que debería asentarse la política europea del nuevo Gobierno.

Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.