Firmas

Carlos Salinas de Gortari: ¿Qué hacer? Petróleo y bancos



    El reclamo airado de diversos círculos españoles contra la participación de Pemex en la empresa privada Repsol muestra un aspecto deplorable de la actitud de algunos comentaristas y actores políticos españoles que contrasta con la actitud cordial y constructiva hacia México de la mayoría de sus conciudadanos.

    Frente a la decisión empresarial de aumentar la participación accionarial, el señalamiento de círculos considerados "progresistas" ha sido sorprendente, por decir lo menos. Considérese el caso del periódico El País. Sus páginas han sido abarrotadas de reproches a esta operación. En ellas, el expresidente Felipe González reclamó: "Es una broma que me digan que Pemex va a tener como prioridad mantener la españolidad de Repsol." Un comentarista y vicepresidente del medio (Xavier Vidal-Folch) señaló que la petrolera ya no tiene "capacidad de decisión enraizada en el entramado socioeconómico al que la empresa sirve". El periódico remató con un editorial institucional en el que exigió evitar que Pemex "altere el control de una de las más emblemáticas compañías españolas de un sector estratégico como es la energía."

    Conviene precisar el contexto. Pemex tiene una relación con la industria petrolera española que data de hace más de 30 años, cuando, a petición del Gobierno español, adquirió acciones en Petronor. En 1989, Repsol se convirtió en accionista mayoritario de Petronor, y al año siguiente Pemex y el nuevo propietario acordaron el intercambio de títulos de Petronor por acciones de Repsol. En 1992, Pemex alcanzó una participación total de casi el 5 por ciento, la cual se mantuvo hasta el cambio reciente de la legislación española, que permitió que los accionistas tuvieran votos equivalentes a su participación accionarial. Con objeto de mejorar las prácticas de gobierno corporativo en Repsol, la empresa petrolera mexicana duplicó su participación (pero se mantiene como el tercer accionista, detrás de dos grupos españoles). Esto le permite a Pemex apalancar las capacidades tecnológicas de Repsol y aprovechar sus fortalezas operativas, en refino (con ahorros del 10 por ciento) y comercialización. Es una operación rentable para Pemex, pues los dividendos que obtendrá son mayores que el coste de la deuda incurrida para elevar su participación.

    Sin embargo, lo más importante es lo que no reportan los críticos de esa operación, y de lo que ni siquiera se han ocupado: esto es, que mientras reclaman la participación mexicana en esa empresa privada española, no escriben nada sobre el hecho de que durante años México ha padecido la entrega de su sistema de pagos a los extranjeros, en especial a grupos españoles, en detrimento de nuestra soberanía y de los intereses estratégicos del país. En el libro que ahora presento, ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, se destacan estos aspectos tan preocupantes. En el capítulo correspondiente a "estereotipos para dummies" se recogen los señalamientos de un documento singular. Se trata del publicado en la Gaceta del Senado de la República el 16 abril de 2010 (http://www.senado.gob.mx/gaceta). Firmado por senadores de todos los partidos, ahí se precisa que las disposiciones legales que limitaban la presencia de bancos extranjeros en México se eliminaron por completo en diciembre de 1998. En esa fecha se levantaron las restricciones establecidas para que los extranjeros no pudieran ser propietarios de los bancos mexicanos; ese mismo año la propiedad foránea ilimitada obtuvo paso franco. Esto dio pie a que seis bancos extranjeros se hicieran con el control de casi la totalidad de los activos bancarios. Además, la entrega de los bancos fue realizada sin subasta pública, de forma totalmente discrecional y sin rendir cuentas al Congreso de la Unión. Desde entonces, los bancos empezaron a remitir elevados rendimientos a sus matrices extranjeras. Sin embargo, eran pocos los préstamos que otorgaban a los productores radicados en nuestro país. ¿De dónde, entonces, provenían esos rendimientos? Para la comisión del Senado, la respuesta es clara: "Su origen estaba sobre todo en el presupuesto público. Los mexicanos tuvieron que pagar con sus impuestos los intereses anuales del Fobaproa-Ipab. El Gobierno les entregó a los banqueros extranjeros esos pagarés cuando compraron los bancos nacionales" (los senadores señalan que entre 1995 y 2000 el despojo disfrazado con el nombre de rescate bancario duplicó la deuda nacional respecto a la acumulada entre 1821 y 1994 -sólo el 19 por ciento del PIB-; en el año 2000 el saldo llegó al 40 por ciento). Esta relación inequitativa trajo consigo nuevas calamidades: México perdió el control de su sistema de pagos y los mexicanos se quedaron sin financiación para el desarrollo. Como "el sistema financiero es el cerebro de la economía de mercado" los senadores denuncian que la entrega de los bancos fue "un error de dimensiones históricas". Ahí entra el caso del banco mexicano controlado ahora por los españoles: ese banco reportó que el crédito total al sector privado como proporción del PIB llegó al 31 por ciento en 1994, pero en el año 2000 ya se había desplomado a sólo el 5,6 por ciento (BBVA Observatorio Bancario. Reporte Mensual de Coyuntura, 3 de mayo de 2011, Gráfica 3). El mismo banco que reportó esta grave situación también anunció que los resultados en México del banco habían aumentado tan sustancialmente en 2011 que ya ascendían a casi el 40 por ciento del total de las utilidades de la matriz española, y compensaban la caída en el país sede. Y eso que la sucursal mexicana sólo representaba el 10 por ciento del valor del banco. No faltó quien señalara que eso recordaba el saqueo padecido por México cuando era colonia y previo a su independencia por la llamada "consolidación de los vales reales".

    Harían bien los críticos españoles en reflexionar sobre estos aspectos, pues para los mexicanos ha sido verdaderamente desfavorable. Se requieren acciones institucionales apoyadas por ciudadanos participativos y organizados para revertir una situación tan adversa a nuestro desarrollo.

    Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México.