Europa

¿De quién son las aguas que rodean Gibraltar?

    El peñón de Gibraltar


    El último enfrentamiento del Gobierno con Gibraltar tiene como eje la soberanía de las aguas que rodean al Peñón, reivindicada por España y por el Reino Unido con diferentes argumentos legales.

    La zona marítima en disputa son las aguas situadas en un perímetro de tres millas de la costa de la colonia, área donde han tenido lugar en los últimos meses los incidentes entre la Guardia Civil y la policía gibraltareña que han desembocado en la actual crisis.

    Para el Gobierno español, no existe sino el Tratado de Utrecht (1713), por el que se cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no el istmo, las aguas territoriales o el espacio aéreo subyacente.

    Frente a este Tratado, el Gobierno británico se escuda en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según la cual el mar territorial son doce millas desde la costa.

    No obstante, tradicionalmente Londres reivindica para el Peñón tres millas náuticas, distancia que se aceptaba en el siglo XVIII, cuando se atribuían a un país las aguas que se situaban al alcance de un cañonazo.

    Según explica el Real Instituto Elcano en un informe sobre la jurisdicción marítima en el Estrecho, ésa fue la distancia que el Gobierno británico estableció para Gibraltar en 1878, cuando aprobó la "Territorial Waters Jurisdictional Act".

    Un siglo después, aprobó la "Territorial Sea Act" (1987) y fijó en doce millas la anchura del mar territorial adyacente a las Islas Británicas, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man, sin citar a Gibraltar.

    El ministro principal de la colonia, Peter Caruana, aseguró el pasado jueves que la jurisdicción sobre las aguas que rodean al Peñón es una "prioridad absoluta" para Gibraltar, "por encima de otras políticas, incluida la cooperación".

    El Ejecutivo británico reafirmó ayer, viernes, su "plena confianza" en la soberanía británica sobre ese mar.

    En respuesta a esta postura, el Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió a la colonia que cualquier asunto de soberanía "se aborda exclusivamente en el ámbito bilateral", es decir, entre España y el Reino Unido.

    El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya dejó claro ante el Congreso hace dos semanas que "no hay aguas gibraltareñas, sino españolas".

    Esta convicción llevó al Gobierno a principios de 2009 a pedir a la Comisión Europea que incluyera en su listado de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) un espacio que incluía parte de las aguas que Gibraltar reclama como propias.

    Para Caruana, aquel paso dado por el Ejecutivo español es el obstáculo que ha impedido cualquier acuerdo de cooperación marítima, tanto medioambiental como policial, y que ha puesto en jaque la continuidad del Foro de Diálogo tripartito.

    Este foro nació en 2004 con la idea de acordar medidas de colaboración en beneficio de la población de un lado y otro de la Verja, dejando a un lado la negociación de la soberanía.