La Fiscalía pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y archivar la imputación de la infanta Cristina

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron desviar hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Además, ha solicitado archivar la imputación de la infanta Cristina, "en situación de indefensión". EN DIRECTO | Todas las reacciones.

La de Torres y Urdangarin son las dos principales peticiones de pena que el fiscal Pedro Horrach incluye en el escrito de acusación que ha presentado este martes ante el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro. Hasta 103 años de prisión reclama para un total de 14 acusados.

El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real y urdieron una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

Archivar la imputación de la infanta

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

En el caso de la hermana del Rey Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin, en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

Así, ha solicitado archivar la imputación de la infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales, al recriminar que se le acuse en base a "sospechas y a un raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". Junto al escrito de acusación, el representante de la acusación pública ha presentado un anexo de trece páginas en el que apunta a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la Duquesa en un supuesto fraude al fisco.

"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", subraya el fiscal en su escrito, en el que señala a la "vulneración de la presunción de inocencia" en detrimento de la hermana del Rey Felipe VI y a una "falta de coherencia" a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella.

Pide por ello al juez José Castro que aplique la doctrina Botín sobre la infanta Cristina y evite así que se siente en el banquillo de los acusados, amparándose para ello en "elementales razones de justicia e igualdad" con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio.

Es más, carga contra la Audiencia Provincial de Baleares, que el pasado mes confirmó el encausamiento de la Duquesa por los dos delitos contra la Hacienda pública, al aseverar que para ello el tribunal realizó un "errático paseo interpretativo", después de que, por los mismos hechos, en 2012 tanto el juez José Castro como la Audiencia rechazasen imputar a la Infanta y este año hayan dejado las puertas abiertas a que se siente en el banquillo de los acusados.

"Se pasa sin complejos del desconocimiento al debería saber. Del no tenía porque conocer al pudo conocer". Cuatro versiones distintas por las que transita en relación a una misma circunstancia: si conocía o no que Aizoon era una sociedad instrumental", incide Horrach en alusión a los hechos concretos que se le imputan a Doña Cristina: haber contribuido a que su marido, a través de Aizoon -de la que ambos son copropietarios- pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y el 2008.

Y ello, según la Audiencia, al facturar a través de la mercantil del matrimonio, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50% y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

No son las únicas cantidades de dinero que reclama el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al Duque de Palma.

En concreto, Horrach atribuye a Urdangarin un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

Once años de cárcel para Matas

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales; otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.