Alaya mantiene las declaraciones de dos imputados en el caso ERE

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares mantiene para este martes las declaraciones como imputados del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, a pesar de la petición de suspensión planteada por la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, fuentes del caso han informado que la juez Mercedes Alaya no se ha pronunciado hasta el momento sobre la petición realizada por el Ministerio Público, quien solicitó suspender las declaraciones fijadas para este martes de Sayago, Rosendo y Eduardo Manuel Lora.

Según Alaya, Eduardo Manuel Lora "habría participado directamente en la concesión de determinadas ayudas", ya que como administrador "de hecho" de Virgen del Espino "ejercitaría el control de esta sociedad utilizándola para que adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad".

En un escrito elevado al Juzgado el Ministerio Público pidió suspender tanto estas dos declaraciones como las de otros tres imputados de la "trama" de la Sierra Norte hasta que haya una resolución firme sobre su solicitud a la magistrada para que forme una pieza separada en relación a la Sierra Norte y la eleve al Tribunal Supremo por su vinculación con personas aforadas, como el exconsejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera.

Así, la solicitud de suspensión de comparecencias judiciales ante Alaya afectaría también a Manuel Valdecantos y Pascual Capputo, citados el 5 de mayo, vinculados al Grupo Barbadillo y que fueron consejeros de Matadero de la Sierra Morena desde el año 2003.

La Fiscalía insiste en su escrito en que, una vez analizado el "extenso" y "detallado" atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte, sigue entendiendo "ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero", por lo que "a la mayor brevedad se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado".